No parece sencillo investigar a los jefes piqueteros

No se puede sobreseer a alguien que no fue formalmente imputado, dijeron desde el ministerio público fiscal de Neuquén, para explicar por qué un juez se vio obligado a rechazar el sobreseimiento a un grupo de dirigentes de organizaciones sociales, políticas y piqueteras, sospechados de haber condicionado el otorgamiento de beneficios a la participación en cortes de calles y protestas. Lo que hacían estos sujetos era presionar a otros, con planes y demás dádivas que el gobierno de Omar Gutiérrez les daba con la intención de evitar conflictos.

La resolución del juez Juan Guaita coincidió con la postura de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narvaez. “Así como es necesario que, para ir a juicio, se formulen cargos, también lo es para dictar el sobreseimiento”, afirmó el magistrado. De todos modos, esa parte de la investigación ya había quedado archivada porque a los fiscales no les alcanzó el tiempo para investigar.

La causa se originó a partir de una denuncia que la fiscalía de Estado de la provincia de Neuquén presentó el 13 de mayo de 2024, por el supuesto desvío de fondos multimillonarios que debían destinarse a capacitaciones laborales de desempleados y que jamás se realizaron, ya que los dirigentes de organizaciones sociales realizaron diversos gastos  (todos en beneficio propio) con ese dinero.

Esa causa ya tiene procesados. Pero en lo que hace a las maniobras extorsivas para obligar a militantes a participar de las protestas a cambio de los planes, los fiscales no alcanzaron a avanzar en los tiempos que había dispuesto un juez.

“Avanzamos en la investigación hasta que llegó un punto en el que, a instancias de la defensa, el juez Cristian Piana impuso a la fiscalía un plazo: que en febrero tomáramos una decisión. Y fue por esa resolución que la fiscalía decidió archivar la causa, entendiendo que por el momento no contábamos con evidencias para avanzar a una instancia posterior”, indicó Narvaez durante una audiencia, y aclaró que “respetamos la decisión de un magistrado, que en sus facultades, le puso un plazo a la fiscalía”.

La estafa que se investiga se perpetró durante la gestión del ex gobernador Gutiérrez y entre los procesados se encuentran los  siguientes: el ex ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino; el también ex conductor de la misma cartera, Abel Di Luca; el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y el ex coordinador provincial de ese ministerio, Tomás Siegenthaler.

Cabe destacar que Di Luca, Siegenthaler y Soiza (dueño del restaurante céntrico Faraón) están a pocos días de ir a juicio oral como cabecillas de la asociación ilícita -o banda de delincuentes- que perpetró otra gran estafa: la que hicieron a partir del manejo de planes sociales, también durante la gestión de Gutiérrez.