Soiza y los ladrones planeros ya tienen la fecha del juicio

En julio se ventilará el caso del robo con planes sociales, perpetrado durante el gobierno de Omar Gutiérrez

Soiza y los ladrones planeros ya tienen la fecha del juicio

El juicio en el que se ventilará la estafa multimillonaria contra la provincia de Neuquén, perpetrada con el manejo fraudulento de planes sociales, ya tiene fecha: comenzará el 21 de julio y se estima que finalizará el 5 de septiembre. La maniobra fue ejecutada durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez.

La jueza de garantías Carina Alvarez dio a conocer su resolución luego de las nueve jornadas de control de la acusación. Allí definió la lista de los 211 testigos y peritos que presentarán las pruebas, tanto de la acusación como de las defensas de los 15 imputados que serán sentados en el banquillo de los acusados.

Los que están imputados como cabecillas de la asociación ilícita -o banda delictiva- son el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el ex director de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz; el ex responsable de Gestión, Marcos Ariel Osuna; el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; y el ex coordinador de Administración, Tomás Siengentharler. Todos eran del mismo ministerio.

Este jueves, la directora de Asistencia a Impugnación y  Coordinación de Juicios, Gabriela Villalobos junto a la Fiscalía, la Fiscalía de Estado y defensores de imputados en la causa, llevaron adelante la primera audiencia para el juicio. En esta oportunidad no sólo se dio a conocer la fecha del debate oral y público, sino también los jueces que integrarán el tribunal: Luciano Hermosilla, Juan Manuel Kees y Juan Guaita.

Se estableció, además, una nueva fecha de audiencia ordenatoria para el 13 de mayo; y las partes se comprometieron a acordar convenciones probatorias, y a aportar una grilla tentativa de testigos por día teniendo en cuenta el tiempo estimado de sus declaraciones.  

Tanto los presuntos cabecillas como otros sujetos están acusados de haberse quedado con dinero que el Estado destinaba a familias de bajos recursos económicos. Ese delito lo perpetraron, según dieron por acreditado los fiscales, desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022.

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