Estafa planera: dos sujetos reconocieron que son delincuentes
Dos de los imputados en la causa por la que se investiga el mega fraude a la provincia de Neuquén perpetrado con el manejo clandestino de planes sociales, reconocieron su condición de delincuentes y fueron condenados en un procedimiento abreviado.
La jueza Carina Álvarez homologó las condenas a las que se arribó mediante el acuerdo de partes y continuó con el control de las evidencias y testigos. Con las dos nuevas condenas dictadas ayer, la responsabilidad de las restantes 15 personas imputadas, se definirá en el juicio que será en breve pero que aún no tiene fecha.
Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que los dos malvivientes que recocieron sus delitos son Ulises Omar Rodríguez Quezada y Aaron Escobar, quienes no estaban entre los cabecillas de la bada de ladrones, sino que eran malandras de poca monta. Como la condena fue de tres años de cumplimiento condicional, no irán a la cárcel.
Estos dos se dedicaron al cobro clandesino de cheques: Rodríguez Quesada cobró 46 cheques por un total de $2.163.000, mientras que en el caso de Escobar, los cheques fueron 61, por la suma de $2.365.600. El dinero siempre fue entregado a otras personas y no varió su situación económica, dijeron los investigadores.
Cabe recordar que los imputados como jefes de la asociación ilícita (o cabecillas de la banda delictiva) son el ex director de Gestión de Planes, Ricardo Soiza; el ex director de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz; el ex responsable de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna; el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Todos fueron funcionarios del ex gobernador Omar Gutiérrez, gestión durante la cual desviaron fondos que estaban destinados a familias de bajos recursos económicos. De hecho, la investigación se centró en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022. Los fiscales dieron por acreditado que aprovecharon la pandemia para robar.
Respecto de Rodríguez Quezada y Escobar, el fiscal Pablo Vignaroli planteó que “el rol que cumplieron aportó a la extracción, pero no es comparable a quienes tuvieron una mayor incidencia en la asociación. Eso es lo que nos permite evaluar su responsabilidad penal”, y pidió a la jueza que imponga 3 años de prisión en suspenso, más los controles de la Dirección de Población Judicializada y la realización de 432 horas de trabajos no remunerados.
El fiscal jefe explicó que respecto del perjuicio económico, la fiscalía de Estado inició acciones para reclamar el resarcimiento a todas las personas imputadas.
