Quedaron presos los culpables de la explosión en la escuela

Cuatro de los cinco condenados por la explosión en la escuela albergue de Aguada San Roque cumplirán penas de prisión efectiva. Así lo resolvió el tribunal, tras los pedidos de pena por parte de la fiscalía y de las querellas, e incluyó inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y por hasta 10 años para el desempeño profesional.

La explosión ocurrió el 29 de junio de 2021 y murieron la docente Mónica Jara, el gasista matriculado Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi. Los culpables de esas muertes, es decir los condenados son Sergio Percat, Diego Bulgheroni, Raúl Capdevilla, Carlos Córdoba y Héctor Villanueva. Tras los pedidos de pena de las partes, el tribunal resolvió las penas a imponer:

* Sergio Percat (inspector de la obra) condenado por estrago culposo agravado por la muerte de tres personas (autor), en concurso real con administración fraudulenta (coautor), en concurso ideal con falsificación ideológica de documento público, fue condenado a 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación de 10 años como ingeniero.

* Diego Bulgheroni (representante técnico de la empresa Arte Construcciones), responsable penal por estrago culposo agravado por la muerte de tres personas (autor), fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva e  inhabilitación especial como arquitecto por 9 años.

* Raúl Capdevilla (ex director provincial de Obras Contratadas) y Carlos Córdoba (ex director de Obras Contratadas), condenados por estrago culposo agravado por la muerte de tres personas (autor), en concurso real con administración fraudulenta (coautor), fueron condenados a 4 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación especial para ejercer como maestros mayores de obra por 8 años.

* Héctor Villanueva (socio gerente de la empresa Artes Construcciones), condenado por estrago culposo agravado por la muerte de tres personas (autor), en concurso real con administración fraudulenta (partícipe necesario), fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional, con el cumplimiento de reglas de conducta por 4 años, más la obligación de realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público.

Durante el juicio, la fiscalía estuvo representada por el fiscal jefe Gastón Liotard y por la fiscal del caso Gabriela Macaya.