Juzgan a los responsables de la explosión en una escuela
Con diversos testimonios, comenzó la última etapa del juicio por la explosión en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, en la que fallecieron tres personas y por la que, el 4 de septiembre último, se declaró responsables a tres funcionarios del ex gobernador Omar Gutiérrez y a dos empresarios. Durante cinco jornadas, el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, junto a la fiscal del caso Gabriela Macaya, producirán la prueba para fundamentar la pena que solicitarán para cada uno de los reos.
La fiscalía presentará seis testimonios. Uno de los objetivos es demostrar la extensión del daño causado por el accionar de las personas que fueron condenadas y, así, determinar la pena que deberán cumplir. Las partes querellantes y las defensas realizarán sus respectivas presentaciones, por lo que se estima que la audiencia se extenderá durante toda esta semana.
El 29 de junio de 2021, el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino Mariano Spinedi acudieron a la escuela del paraje Aguada San Roque, donde realizaban tareas vinculadas con una obra en construcción. Pudo estaclerse que prestaban servicios de manera irregular para la empresa que había ganado la licitación, Arte Construcciones S.R.L.
Cerca de las 13.50 se dirigieron junto a la docente Mónica Jara hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata; mientras que Jara logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021.
En el juicio se comprobó un accionar negligente del gasista, pero tal como lo aseguró el tribunal durante la lectura del veredicto, “esa responsabilidad de ninguna manera excluye las de control que estaban en cabeza de los acusados”.
Los condenados
En el juicio de responsabilidad, el fiscal jefe Liotard y la fiscal del caso Macaya, junto a las querellas particulares en representación de las víctimas, demostraron la responsabilidad penal de Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y Sergio Percat, quienes durante los trabajos que se realizaron en la escuela se desempeñaban como funcionarios de Obras Públicas y tuvieron un vínculo directo con su ejecución. También probaron la responsabilidad de Héctor Villanueva y de Diego Bulgheroni, imputados como integrantes de la empresa adjudicataria de la obra.
Todos, los funcionarios y los integrantes de la empresa constructora, fueron declarados responsables de estrago culposo agravado por el resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el caso de Percat, además se lo condenó en concurso ideal con el delito de falsificación ideológica de documento público. Fue este sujeto quien certificó la finalización de la obra sin siquiera haber ido al paraje donde se estaba llevando adelante.
