Planes: complicados, Soiza y Cury buscan ensuciar la causa

La causa por la que se investiga una mega estafa al Estado provincial, perpetrada con fondos que debían destinarse a la asistencia social, volvió a concentrar el interés del mundillo político neuquino. Ahora es por lo que conocedores del frondoso expediente consideran una acción desesperada, que podría decantar, incluso, en la comisión de otro delito: el de extorsión en grado de tentativa.

Hace un par de días, uno de los imputados como cabecillas de la asociación ilícita, el ex director de Planes del ministerio de Desarrollo Social, Ricardo Soiza, espetó -en una audiencia- que es “casi seguro” que el dinero mal habido se destinó a la campaña correspondiente a las elecciones de diputados nacionales de 2021.

Eran los tiempos del gobernador Omar Gutiérrez y quien encabezó la lista de candidatos por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), fue Rolando Figueroa. No porque Gutiérrez lo haya querido así, sino porque “Rolo” derrotó a los postulantes del oficialismo partidario, en la interna (en realidad, las PASO). Gutiérrez y Figueroa ya estaban distanciados -en rigor, muy distanciados- y eran adversarios acérrimos.

Ahora bien. Como es imputado (o reo), Soiza -quien purgó prisión preventiva por el fraude- no está obligado a decir la verdad; entonces con sus declaraciones trata de ensuciar la causa en busca de algún beneficio. De hecho, ya ha expresado su deseo de que el expediente pase al fuero Federal.

Lo mismo pretende Alfredo Cury, un abogado conocido tanto en el ambiente político -debido a sus conexiones con ex funcionarios- como en el submundo del hampa, ya que ha representado a narcos y a otros delincuentes peligrosos.

Cury también está imputando en la mega estafa de los planes (que estaban destinados a familias en estado de vulnerabilidad económica y social, a las que jamás llegaron). Fue, además, uno de los abogados de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, en la seguidilla de imputaciones, denuncias e investigaciones, que tuvieron su correlato en la Legislatura provincial, cuyos diputados la destituyeron tras acreditar que no estaba moralmente habilitada para ejercer el cargo.

En tanto que Soiza, además de haber sido quien manejaba los planes sociales durante la gestión de Gutiérrez, es el dueño de Faraón, un restobar ubicado en pleno centro de la ciudad capital. La imputación que recae sobre él supone un castigo severo y, a poco del juicio, “tira” -dicen- manotazos de ahogado. El próximo 18 de febrero será la audiencia de control de acusación, previa al juicio oral que lo tendrá sentado en el banquillo de los acusados, para responder que pasó con el dinero que “fugaron” durante el período que se extendió desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022. Por entonces Gutiérrez ostentaba un poder prácticamente absoluto, ya que no sólo era el gobernador, sino también el presidente del MPN.

Soiza tenía relación directa con los punteros políticos. Y Figueroa era el enemigo no sólo interno sino también público número uno de las máximas autoridades del gobierno provincial y de la conducción partidaria; tanto que desde esos estamentos se impartió la orden de montar una brigada de “auditores” para detectar a los afiliados y empleados públicos que le ponían “me gusta” a las publicaciones que Figueroa realizaba en redes. Esa brigada de "vigiladores" existió.

Hasta ahora nadie ha salido a enfrentar públicamente los dichos recientes de Soiza, pese a que se los señala como una aparente intentona extorsiva. Quizá se deba a que se llegó a la conclusión de que no es necesario darle visibilidad a la postura de un reo que está a poco de convertirse en convicto, si es que finalmente se lo condena.

Por lo bajo se destaca que hay un cambio de época, que ya no se tolera la corrupción y que la tolerancia cero va en serio. Desde diciembre de 2023 a la fecha, la Justicia ha puesto la lupa sobre asuntos que antes parecían vedados. Se iniciaron causas para investigar a organizaciones sociales o políticas, que recibían dinero del Estado y cuyos gastos estaban pendientes de justificar. También para establecer si médicos inescrupulosos expidieron certificados apócrifos para “justificar” inasistencias de empleados públicos, devenidos en faltadores crónicos o ñoquis.

Se comenzaron a combatir los vicios de la vieja política, tanto desde el Ejecutivo como desde la Justicia y el caso más contundente es, quizás, el de la mencionada Ruiz. Ahora, en cuestión de algunas semanas, un Tribunal decidirá el destino de Soiza y compañía. El Ministerio Público Fiscal reunió pruebas que acreditan -afirma- las maniobras delictivas de este y otros imputados que ahora van camino al juicio.