Estofado legislativo: despiden a otros supuestos ñoquis

Estofado legislativo: despiden a otros supuestos ñoquis
Ruiz y la solidaridad en los tiempos de la pandemia
Ruiz y la solidaridad en los tiempos de la pandemia

La purga no se detiene en la Legislatura neuquina. Y la vicepresidenta primera, Zulma Reina -que reemplaza a la vicegobernadora suspendida, Gloria Ruiz- expulsó a otros tres ahora ex funcionarios sospechados de ñoquis. Los tres habían sido nombrados por Ruiz en la planta política, junto con una decena de familiares suyos.

Estos tres, que según se argumentó no asistían regularmente a trabajar, se suman a otros despedidos; es decir a Néstor Gelos (una especie de asesor vip sospechado de ñoqui) y al -desde hace unos pocos días- ex prosecretario legislativo, Gustavo Chittadino, familiar de los Ruiz a quien se le endilga no poder justificar una millonada.

Según publicó el diario Río Negro uno de los nuevos despedidos es un tal Vicente Fabián Molina, quien se desempeñaba en la Prosecretaria Administrativa. Al mismo sector pertenecía un tal Cristián Antonio Banegas, quién tenía cargo de asesor.

También quedó afuera un ahora ex funcionario llamado Marcos Horacio López, quien había sido nombrado como asesor de la Coordinación de Casa de las Leyes. El coordinador era Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora, al que la Justicia le endilga haber colocado dinero de la Legislatura en plazos fijos que supuestamente no rindió. Esa fue la punta del ovillo para una investigación judicial que tiene a la vicegobernadora sospechada de enriquecimiento ilícito. No se sabe si los despedidos ejercieron alguna defensa, pero está claro que en los cargos políticos y en la planta temporaria la estabilidad simplemente no existe. Así son las normas de la administración pública.

Todos los que fueron incorporados por Gloria Ruiz son por estas horas objeto de auditorías, al tiempo que ella misma está cada vez más comprometida y con riesgos ciertos de destitución por la otra causa, es decir la que tiene como investigadora a la comisión formada por los presidentes de bloques. Las investigaciones son dos: una adminstrativa y otra judicial y corren por cuerdas separadas.

Ayer esa comisión que investiga si Gloria Ruiz está moralmente habilitada para ejercer el cargo, remitió su informe a la Comisión de Asuntos Constitucionales, encargada de emitir el dictamen previo a la convocatoria a sesión. Antes Ruiz deberá ejercer su defensa para lo cual tiene tres días hábiles, más tres de prórroga.

Tal como publicó este medio, dicho informe es lapidiario y hace referencia a “una metodología de contratación contraria a lo que establecen las normas legales en la materia, eludiendo el procedimiento administrativo correspondiente mediante el reconocimiento del pago de servicios ya prestados, como así también se advierte la utilización de la contratación directa como método ordinario de contratación, sin justificación y por encima de los montos máximos establecidos para dicha contratación”. Sos procederes que pueden arrojar indicios de corrupción.

También le objetan “contratación directa de bienes y/o servicios por montos que serían excesivamente elevados en comparación con los valores de mercado, sin siquiera requerir presupuestos a otros proveedores para verificar y/o cuidar el interés del fisco provincial”.

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