Planeros: estafaron a la Provincia y quieren sueldos
El gobernador Rolando Figueroa rechazó, este martes, las presentaciones administrativas que realizaron cinco agentes de la administración pública provincial, involucrados en la causa judicial que se inició a partir de una estafa mega millonaria en perjuicio de la provincia. Es el mismo expediente por el que estuvo preso el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza (quien ahora tiene el beneficio del arresto domiciliario).
El fraude en la distribución de planes sociales fue perpetrado entre 2020 y 2022 inclusive, con fondos que estaban destinados a familias económicamente vulnerables y que según acreditaron los investigadores, fueron desviados hacia manos inescrupulosas. Eso ocurrió durante el gobierno de Omar Gutiérrez y uno de los que está señalado como cabecilla de la presunta asociación ilícita es Abel Di Luca, quien fue ministro de Desarrollo Social.
Desde que asumió, el gobierno de Figueroa avanzó con los sumarios administrativos, que incluyeron la separación preventiva del cargo y la retención de haberes. Lo que estos cinco agentes quieren ahora es que se deje sin efecto la retención de sus sueldos.
Para la Justicia son delincuentes
Uno de los cinco agentes que reclamaron sin éxito contra la decisión del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que conduce el ministro Lucas Castelli, es Tomás Siegenthaler, quien consideró que “la retención de haberes como medida provisional, violenta la protección del salario, el que reviste carácter alimentario”. Para la Justicia éste y los otros cuatro (que se mencionan a continuación) son delincuentes.
También fueron rechazados los pedidos de Aaron Escobar, quien el 7 de agosto de 2024 interpuso reclamo administrativo; y el de Julieta Mariana Oviedo, quien realizó su presentación el 3 de septiembre de 2024.
Lo mismo ocurrió con la presentación que Ariel Oscar Krom realizó el 6 de agosto de 2024; y con la que -el 7 de agosto de 2024- realizó la agente Marines Elizabeth Huaiquipan.
En uno de los decretos de este martes (el que corresponde a Siegenthaler) se explica textualmente lo siguiente: “… la sustanciación de un sumario administrativo disciplinario puede dar lugar a dos clases de medidas preventivas: traslado o suspensión; Que la finalidad de estas medidas obedece a la necesidad de esclarecer debidamente el hecho investigado sin riesgos de dispersión de prueba o entorpecimiento de la investigación, cuya valoración queda a resguardo del criterio de oportunidad y conveniencia de la autoridad administrativa en función de la gravedad de los hechos objeto de investigación”.
Los sumarios a estos agentes se lo habían iniciado el 16 de noviembre de 2023, luego de que la Justicia los acusara de integrar una presunta “asociación ilícita destinada a quedarse con fondos públicos que, en su destino original, debían atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación”.
Cabe destacar que ni bien asumió en sus funciones, Figueroa puso en marcha un plan de austeridad destinado a reforzar las partidas presupuestarias de áreas esenciales (como Educación, Salud y Seguridad) a partir -entre otras acciones- de la eliminación de los gastos innecesarios del Estado, lo que incluyó el despido de ñoquis, las cesantías de condenados y la expulsión de quienes no se ajustan a las normas de la administración pública.
