Bertolini al borde del nocaut ¿Cómo sigue la causa?
La unidad fiscal de Delitos Económicos formuló cargos, este martes, contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez. Los acusan de haber montado un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores.
La jueza de garantías tuvo por formulados los cargos y consideró que, en esta etapa inicial, los hechos descriptos por la fiscalía cuentan con la entidad suficiente para permitir el avance de la investigación. El fiscal jefe Pablo Vignaroli, dio por acreditado que entre enero de 2024 y marzo de 2026, los funcionarios intervinieron de forma deliberada en los procesos de contratación del municipio para beneficiar a dos proveedores, a los que identificaron por sus iniciales: P.V. y M.L.
La maniobra consistió en asegurar su participación en todas las convocatorias, independientemente del rubro, y direccionar las adjudicaciones mediante procedimientos irregulares. En ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos, en muchos casos sin competencia real, con ofertas únicas o con desestimaciones arbitrarias de otros oferentes.
La fiscalía detalló que el circuito se iniciaba con pedidos de distintas áreas municipales, que eran canalizados por la subsecretaría de Hacienda. A partir de allí, el área de compras invitaba sistemáticamente a cotizar a los mismos proveedores, quienes resultaban adjudicatarios en la mayoría de los casos. Además, se detectaron múltiples irregularidades: falta de publicidad de los procesos, incumplimiento de los requisitos mínimos de oferentes, utilización de contrataciones directas sin acreditar situaciones de urgencia, adjudicaciones sin fundamentos y pagos sin constancias de recepción de los bienes o servicios.
En la Intendencia, Bertolini es el sucesor de Gloria Ruiz, quien fue destituida como vicegobernadora, debido a los hechos de corrupción por los que también la investiga la Justicia.
Las maniobras fraudulentas
De acuerdo con la investigación, cada imputado (es decir, Bertolini y Ramírez) cumplió un rol específico dentro de una maniobra coordinada: los funcionarios públicos intervinieron en las decisiones administrativas y en el control del circuito de contratación, mientras que los particulares canalizaron las adjudicaciones y el flujo económico.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. A pedido de la Fiscalía, la jueza declaró el caso complejo y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.
Luego de que la fiscalía formulara los cargos y antes de que la jueza los aceptara, la defensa del intendente intentó apartar de la investigación al fiscal jefe Pablo Vignaroli. Pero la jueza de garantías Carina Álvarez rechazó el pedido por extemporáneo.
¿Prisión domicialiaria?
Fue luego de rechazar los intentos de la defensa del intendente, que la jueza aceptó la formulación de cargos y avaló el inicio de la investigación preliminar preparatoria. “Hay evidencia en cantidad y calidad para tener por formulados los cargos”, afirmó.
La fiscalía solicitó a la jueza distintas medidas cautelares, con inhibiciones generales de bienes y embargos respecto de los imputados y la imputada. En el caso del intendente Bertolini, requirió la detención domiciliaria. Debido a la cantidad de planteos que realizaron las defensas, la jueza dispuso un cuarto intermedio hasta hoy al mediodía para comunicar su decisión. Provisoriamente, dispuso los embargos de las cuentas bancarias de los imputados P.V. y M.L., los dos proveedores imputados como partícipes secundarios.