Organizaciones piqueteras en la mira de la Justicia
El avance en la causa por la que se investigan maniobras presuntamente fraudulentas con recursos que en lugar de llegar a las familias carenciadas se desviaron en el camino, supone un avance hacia la transparencia y la erradicación lisa llana de ciertos vicios que jamás debieron haber existido en la política. Sucedió a lo largo y ancho el país, pero el expediente que nos ocupa es el que tramita aquí, en Neuquén.
Durante el cierre de la semana que acaba de terminar, la Justicia concretó no sólo 14 allanamientos (el viernes) sino también las detenciones -en rigor, demoras- de una decena de personas sospechadas de participar en la presunta comisión de delitos, pero que fueron liberadas a las pocas horas.
Lo que tratan de establecer los investigadores es si estas personas fueron engranajes de un círculo vicioso y más que perjudicial (en varios sentidos) para la sociedad, que consistía en extorsionar al gobierno con recursos que provenían del Estado. El período corresponde a la administración de Omar Gutiérrez; y las maniobras sobre la que los pesquisas (encabezados por el fiscal Pablo Vignaroli) intentan arrojar luz, ya era sospechada por varios.
Básicamente, los investigadores buscan elementos de prueba para respaldar su presunción (casi certeza, podría decirse) de que estos sujetos vendían alimentos que estaban destinados a las familias que decían representar, que les cobraran una especie de cuota a cambio de la asistencia oficial y que les retenían la asistencia que provenía del Estado si no concurrían a las manifestaciones. Estas manifestaciones eran precisamente contra el Estado y ¡Ahí está el círculo vicioso!
Quienes, al parecer, se abusaban de las familias carenciadas eran los llamados intermediarios a los que la gestión del gobernador Rolando Figueroa se propuso quitar del medio para que la ayuda llegue a quien realmente la necesita. Claro que eso tiene un costo político que suele comenzar con expresiones de rechazo, agravios y con medidas instigadas tanto por los propios intermediarios como por sus ocasionales aliados. Habrá que ver como sigue esta cuestión.
“Se pudo vincular a dos organizaciones sociales que son Libres del Sur y FOL”, dijeron los fiscales. Acusaron que, además, había una metodología en la cual los integrantes de estas organizaciones que recibían subsidios eran obligados a pagar mensualmente un aporte que era dado a una referente, que a su vez era rendido a otra referente, en una escala superior dentro de los niveles.
Una de las detenidas y rápidamente liberada se llama Gladys Aballay. No se ha detallado qué es lo que particularmente se le endilga. Se trata de una referente de Libres del Sur que fue candidata a diputada nacional por esa fuerza que aquí, en Neuquén, conducen Mercedes Lamarca y Jesús Escobar, quien puso el grito en el cielo. Libres del Sur es un partido político directamente vinculado a la agrupación Barrios de Pie.
Como se dijo desde este medio, los investigadores no sólo buscan establecer responsabilidades de dirigentes de organizaciones sociales, sino también de ex funcionarios que acompañaron a Gutiérrez. De comprobarse culpabilidad, los dirigentes de organizaciones sociales (comúnmente llamadas piqueteras) irán al banquillo acusados de defraudación al Estado, mientras que los ex funcionarios, por administración fraudulenta.
Lo que sigue es el comunicado que el viernes publicó, en su página web, el Ministerio Público Fiscal: “El objetivo de los allanamientos es obtener documentación y evidencia vinculada con el destino de recursos -dinero y comida para comedores- asignados por el Estado provincial a las organizaciones sociales, Libres del Sur o Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y la cooperativa Viento Sur”.
“Según se precisó en las solicitudes para autorizar los allanamientos, uno de los objetivos es verificar si la comida que el Estado asignó para su utilización en comedores a cargo de las organizaciones tuvo ese destino. También se busca verificar si las organizaciones se quedaban con porcentajes de planes sociales asignados a sus beneficiarios”, agregó el Ministerio Público Fiscal.
En fin, en la provincia hay un antecedente cercano y es la causa por el presunto manejo fraudulento de planes sociales. Por ese expediente está preso el ex director de Planes Sociales del gobierno de Gutiérrez, Ricardo Soiza. Y si bien esta nueva causa no esta vinculada con aquella, abre esperanzas respecto de la erradicación de los vicios (delictivos) de la vieja política que terminaban perjudicando a la sociedad en su conjunto, no solo por el desvío de fondos, sino también por las consecuencias colaterales.
Para extorsionar a los gobiernos, las agrupaciones piqueteras realizaban y realizan cortes de calles y rutas. En el caso de los dirigentes de las agrupaciones a las que se hizo mención, se cree que lo hicieron para conservar la posición de abuso que tenían. Y habrá que ver si hubo funcionarios que prefirieron mirar para otro lado. Eso lo tendrá que establecer la Justicia.