Cuatro despedidos en el Estado y varias polémicas

En la cuenta regresiva rumbo a los comicios municipales se suceden ciertas cuestiones que concentran la atención de quienes se enteran y que merecen ser contadas. Una de ellas es el despido de un administrativo provincial sobre el que cayó sentencia en un caso de abuso sexual; otra es la expulsión (con cesantía) de tres policías acusados de indisciplina; y la tercera es una inversión de más de 68 millones de pesos, que dispuso el ministerio de Educación para proteger dependencias y escuelas. Al tiempo que, ya en el terreno político, el concejal Marcelo Bermúdez celebró que hayan bajado del municipio del Oeste la bandera mapuche; y su par, Guillermo Monzani les respondió con una frase de “Pechi” Quiroga a los radicales que avanzan en su expulsión del partido: “Traficantes de fracasos”, les dijo. Pero no es lo único, hay más…

Tras la sentencia en una causa por abuso sexual que lo tuvo en el banquillo de los acusados, el gobierno neuquino le dio de baja de los cuadros de la administración pública provincial a un tal Julio Balter Arias, ahora ex agente. Si bien acaba de aplicarse, el castigo remite al 3 de septiembre de 2015 y se argumenta en el hecho de que la comisión de dicho delito le hizo perder el derecho a la estabilidad. Su accionar, explicaron, resulta violatorio del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial.

Sobre el filo de la semana, el gobierno provincial también eyectó a tres ahora ex policías a los que les endilgó indisciplina. Ese es el caso del agente nuevo cuadro Gastón Ramiro E., al que dejó cesante por haber incurrido en la comisión de faltas previstas en el Régimen Disciplinario Policial. También dispuso la destitución por cesantía del suboficial principal David Fernando B., al que le aplicó el artículo 12° inciso c) de la Ley 715, que prevé la pérdida de la estabilidad laboral “por sentencia judicial firme, con pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, o especial para el desempeño de actos obligatorios en el cumplimiento de las funciones policiales”. El tercer caso es el del ahora ex oficial subinspector Adrián Orlando T. a quien le achacaron procederes indebidos.

Si de seguridad se trata, el ministerio de Educación neuquino llamó a licitación pública para la contratación del servicio de control de ingreso y egreso de personas, destinado a dependencias y establecimientos educativos del Consejo Provincial de Educación (CPE). Según pudo saberse al respecto, el presupuesto fue estimado en 68.960.000 pesos y la apertura de sobres está prevista para este 22 de octubre, a las 10, en la dirección provincial de Compras y Contrataciones, ubicada en el CPE (Belgrano N 1300 de la ciudad capital).

El concejal y presidente del PRO en la provincia, Marcelo Bermúdez, se adjudicó el regreso de la bandera de la Ciudad al mástil del municipio del Oeste. Así lo comunicó en sus redes: “Hace unos días el intendente (Mariano Gaido) reemplazó la bandera de la Ciudad por la mapuche. Hoy, después de nuestro reclamo, corrigió el error. La celeste y blanca nos identifica como pueblo, integrado en su diversidad, que comparte un territorio soberano e indivisible y bajo la misma ley”. Unos días antes, el mismo edil le había dado rienda suelta a su fastidio contra el accionar de ciertas comunidades mapuches: “Está claro de qué lado está el MPN en las usurpaciones de tierra y en los ataques a particulares por parte de estos sediciosos”, acusó.

Cuando menos se esperaba, la prolongación de los paseos costeros de los ríos Neuquén y Limay rumbo a la Confluencia -obra emblemática entre todas las que viene realizando o inaugurando la gestión Gaido- se convirtió en conflictiva. Fue a partir de la tala de árboles para realizar el camino. Hubo quejas vecinales, una presentación judicial del Defensor del Pueblo, explicaciones desde el municipio y rebote en el Concejo Deliberante. Fue ahí donde se quejó el concejal del Frente de Todos y candidato a la continuidad en su banca, Marcelo Zúñiga quien dijo: “Vecinos y vecinas de Neuquén defendamos el área protegida de la Península Hiroki, la ciudad que soñamos es con espacios verdes protegidos y de disfrute para todas y todos”. También rezongó el candidato a concejal por Cambia Neuquén Juan Peláez, quien dijo que el ex intendente Horacio Quiroga, había proyectado “un paseo agreste donde se respetara esa área protegida”.

Otro concejal que en la semana se vio inmerso en una polémica fue Guillermo Monzani, a quien están a punto de expulsar de la UCR en virtud de que es candidato por otro partido. El comité capitalino ya inició el trámite de expulsión por indisciplina partidaria, algo que -a juzgar por sus dichos- no le preocupa mucho que digamos; aunque, al parecer, sí lo enfada. “No me hace falta la ficha para seguir defendiendo los valores que representamos, ni para seguir trabajando por el crecimiento de la ciudad y para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Otros, en cambio, siempre estuvieron en la vereda de enfrente de Pechi, poniéndole piedras en el camino. Son lo que él llamaba los traficantes de fracasos”, espetó.

El diputado provincial Lucas Castelli, ex Juntos por el Cambio y representante del bloque unipersonal de Avanzar,  sorprendió con un pedido de informes sobre el estado de la planta de tratamiento y destino de los líquidos cloacales de Villa El Chocón que, según alertó, van a parar al lago. Su pedido está dirigido tanto al municipio como al EPAS. Según explicó, primero hubo quejas vecinales y después se ocuparon del tema los dos concejales que, al igual que él, pegaron el portazo a Juntos por el Cambio. “En una recorrida que realizamos recientemente con nuestros concejales de Avanzar Chocón pudimos observar que el vertido de los efluentes cloacales va hacia el cañadón y luego desembocan en el lago”. “Hay una población que está sufriendo esta situación y el daño ambiental es enorme”, alertó.

Las obras pluviales de la calle Ignacio Rivas entre Lanín y Arroyo Durán le demandarán, a la Municipalidad de Neuquén, una inversión de 68.987.034,04 pesos. Dichos trabajos, indispensables para garantizar el normal escurrimiento de las aguas, les fueron adjudicados a la empresa CN Sapag, ganadora la licitación privada a la que habían convocado a tres constructoras. Concretada la adjudicación, la compañía tiene un plazo de 120 días corridos para terminar los trabajos.