En Pandemia, el Estado continúa siendo ineficiente

Pasa en otros
países, y pasa mucho más en Argentina.
Se descubre, por obra y gracia de la pandemia del Coronavirus, que el Estado es incapaz de dar soluciones
rápidas, efectivas, eficaces. Que hay una gran distancia entre la
percepción que tiene el Estado –imagine grandes mostradores, gente detrás de
una computadora, un gobernante observando- y
la realidad cruda y concreta de los gobernados.

No es que pase
aquí solamente, en Neuquén, por ejemplo. Pasa, pero también pasa en otros
lados. En España, por ejemplo, se aplica
el ERTE, que es un expediente de regulación temporal del empleo. La caída
económica produjo una demanda inusitada del pago de esa especie de subsidio que
se cobra por no tener trabajo, algo que se entiende como excepcional. De repente, hubo 3 millones de afectados.
Los expedientes tramitados superan ya los 450 mil. Y no avanza rápido,
porque la estructura estatal es incapaz de responder. Faltan computadoras y gente, para atender uno de los impactos más
concretos, fuera del estrictamente sanitario, del coronavirus.

En Argentina, el
gobierno de Alberto Fernández, recién decidida la cuarentena obligatoria, dispuso pagar 10 mil pesos a cada argentino
con empleo informal, o con asignación social estatal. La burocracia
política de turno proyectó un alcance de 3,6 millones de personas
beneficiarias. Pero se anotaron 12
millones. Tras la depuración, que se terminó de hacer este lunes, se quedó en que cobrarán el auxilio poco
menos de 8 millones de personas. La magnitud del trabajo informal, sin
registro, casi clandestino, es de
flagrante desconocimiento para el Estado.

Los gobiernos, el
Estado, en fin, esa entelequia, toman decisiones inapelables, en procura del bien común ante el maligno virus
internacional. Y cada decisión, tropieza con algo llamado sentido común. Se empezó, por ejemplo, liberando a
las ferreterías de la cuarentena estricta. Pero
no se pensó en talleres mecánicos, ni gomerías. Hasta que los propios
vehículos del Estado –las ambulancias, por ejemplo- empezaron a pedir a gritos
que se necesitaba dónde reparar las emergencias. Así habilitaron.

Habilitaron las
farmacias. Pero no las ópticas. Las
despensas de barrio pueden abrir. Pero no, por ejemplo, una mercería. ¿Cuál es la razón sanitaria? Se hace una campaña pro-barbijo y se la denomina “tapaboca”, cuando
todo el mundo sabe que hay que taparse la boca, y la nariz, porque si no, es lo
mismo que nada. La decisión se toma dos semanas después. ¿Por qué? No hay
por qué. Hay incomprensión, duda,
vacilaciones, distracciones.

Si alguien señala
que no se entiende por qué no trabaja el Congreso, o el Poder Judicial (la
Corte declaró feria, solo algunas provincias trabajan, como Neuquén, aunque a
media máquina), se lo acusa de “gorila”, y
se lo insta a montarse sobre el nacionalismo patriótico militante antiviral y
revolucionario. ¿Pero, acaso, no era que el Estado tenía que estar presente y activo en estas circunstancias? ¿O
pretenden que Alberto Fernández
diga, como Luis XIV, “el Estado soy yo”?

Rubén Boggi