Ordenan indemnizar a víctima de la dictadura

Un juez neuquino le ordenó a la provincia que indemnice con el pago de treinta salarios mínimos vitales y móviles (vigentes a la fecha en que se proceda a su pago), a un trabajador que fue perseguido por la última dictadura militar que sufrió nuestro país.

La sentencia -del 16 octubre- señala que el denunciante, Luis María Ernesto B., reclamó la indemnización prevista por la Ley 2865, para las víctimas de aquellos tormentos.

Relató que el 8 de enero de 1976 ingresó a trabajar al Casino Provincial y que en dicho año -golpe de Estado mediante- “quedó a cargo de Héctor Cruz, un sargento perteneciente a la Secretaria de Inteligenciadel Estado (SIDE)”.

Dijo que éste “implementó una metodología de persecución a los trabajadores, quienes eran tratados como parte de una estructura militar”. Y que “en el Casino trabajaba Raúl Guglielminetti, quien se dedicaba a investigar e interpelar a los trabajadores con el fin de obtener información sobre las familias y actividades fuera del ámbito laboral”.

Explicó que “a fines de 1978 sufrió el secuestro de su cuñado, Enrique Luis Basile -que conforme a la lista de CONADEP figura como desaparecido- y de su suegra en la Ciudad de Buenos Aires, hecho en el que también fueron torturados su cuñada y sus sobrinos”.

Sostuvo que “en 1979 comenzó a recibir presiones de Cruz para dejar el trabajo, y que incluso éste le dio la opción de ser trasladado al Casino de San Martín de los Andes”, opción que descartó pues su esposa estaba embarazada y tenían su vivienda en Neuquén.

En virtud de ello, denunció que Cruz le informó que debía renunciar. Mencionó que pese a tratar de evadir dicho pedido, “ante las presiones de aquel, el temor de lo que le podría ocurrir a su familia y lo sucedido a la familia de su esposa”, se vio obligado a presentar la renuncia.

Contó que fue por eso que inició el trámite para solicitar el beneficio indemnizatorio pero, en 2015, la entonces ministra de Gobierno, Educación y Justicia rechazó su solicitud argumentando que no había sido acreditada su calidad de agente público.

Ahora, el juez José C. Pusterla analizó todos los elementos de prueba y resolvió “hacer lugar a la demanda deducida por el Sr. Luis María Ernesto B.” y  “ordenar el pago de la suma de pesos debida, conforme a las pautas” a las que se hizo mención.

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