El Estado decidió quitarle la hija a una pareja neuquina

Todo el año, todos los meses, todos los días se suceden -aquí o allá- intrincados capítulos de verdaderos infiernos personales. Algunos de ellos salen a la luz, como el que le toca sufrir a una bebita neuquina, de apenas dos años y medio.

La chiquita vino a este mundo en el verano de 2016, con 36 semanas de gestación, bajo peso, retraso de crecimiento, malformaciones, cardiopatía congénita y otros padecimientos que los profesionales asociaron con el “síndrome alcohólico fetal”.

Dicha afección tiene su origen en la exposición del embrión y el feto al alcohol que ingiere la madre, durante la gestación o la lactancia.

Los padres también padecen sus propios infiernos. Son portadores de HIV, tienen (o han tenido) problemas con el consumo de drogas, y no cumplieron con sus controles, muy a pesar de haber recibido todo el apoyo que debe brindar el Estado. Peor aún, los asistentes recibieron insultos y amenazas de la mujer a la que se acercaron para ayudarla.

Estos y otros infortunios constan en un expediente judicial en el que la Sala Tercera de la Cámara Civil de Neuquén, revocó una medida de primera instancia y dispuso la adoptabilidad de la pequeña.

Lo hizo, hace apenas unas semanas, al resolver la apelación que había presentado una de las defensorías de los Derechos del Niño. En términos más terrenales, los jueces Marcelo Medori y Fernando Ghisini decidieron separarla de sus padres para protegerla.

En su apelación, la defensoría citó elementos según los cuales los padres no le brindaron los cuidados  que la chiquita necesitaba; y no cumplieron con las terapias y tratamientos relacionados con el HIV y el consumo de estupefacientes.

Del mismo modo, hizo ver que la madre tampoco cumplió con la asistencia psicológica que le ofrecieron; y sostuvo que no se acreditó que hayan cesado los episodios de violencia doméstica, ni que le hayan realizado los controles a la pequeña, con los consecuentes riesgos para su vida.

En el expediente también consta que a los dos meses de haber nacido la niña, la madre dijo que no querían que los vigilaran.

Ambos padres habían pedido que se rechazara la apelación de la defensoría, pero los jueces declararon procedente la adoptabilidad de la chiquita, que desde febrero de 2017 se encuentra bajo el cuidado de una familia solidaria con seguimiento y acompañamiento del equipo técnico de la dirección de Familias Solidarias.

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