El gobierno de Gutiérrez ante una demanda que parece no ver
El gobierno de Omar Gutiérrez anunció, a través de algunos de sus ministros que le pusieron la cara a la prensa, que irá a la Justicia con las pruebas de lo que consideró fundamentalmente un ataque a los propios empleados del Estado que estaban “trabajando libremente” en la Casa de Gobierno, cuando comenzó el ataque de la manifestación de ATE que derivó después en una guerra extramuros, en plena calle, afectando a miles de personas.
El gobierno ha reafirmado así su enfoque del conflicto: es una pelea entre la administración y ATE. Una pelea que, explicaron los ministros, tiene como motivación el descuento “masivo” de los días no trabajados, aplicados en la liquidación salarial pertinente. Nada tiene que ver en el cuadro, según enfatizó particularmente el ministro de Gobierno, Mariano Gaido, la paritaria en marcha en Salud. Esta, dijo, se desarrolla “normalmente”.
Fueron 50 los agresores, no más, según los ministros. Un grupo de afiliados de ATE que pueden o no ser empleados estatales, se sugirió. Y la policía actuó para defender del ataque a los empleados estatales que sí estaban trabajando, porque, siempre según Gaido dixit, el paro estatal no ha sido acatado por la mayoría.
Tanto Gustavo Alcaraz, como Juan Pablo Prezzoli, como Cristina Storioni, los otros presentes en la conferencia de prensa, procuraron enfatizar que el gobierno propicia el diálogo, y el que falla es el sindicato. En que cada represión efectuada en estos últimos locos días, ha respondido a una situación diferente y por ende debe ser explicada cada una en su contexto. Y que todo está ofrecido, como se ha hecho con lo actuado este miércoles, a la Justicia, con grabaciones, videos, fotos y toda la documentación necesaria, para que la Justicia actúe en caso de que se constaten delitos. Sean estos cometidos por los manifestantes sindicales, o por la policía del Estado.
Nada se dijo en la conferencia de prensa de la singularidad de lo ocurrido. Se habló casi con obsesión de los daños materiales y físicos registrados en la Casa de Gobierno, y se extendió esto, como máximo, a una “vecina” que también resultó agredida.
Fue una confesión precisa del abordaje obsesivamente ubicado en lo estatal.
En realidad, el combate de este miércoles, según las pruebas documentales que tienen todos los periodistas que cubrieron el suceso, se libró más en las calles, fuera de las paredes que limitan ese mundo tan preciado, que dentro. Llegó hasta la plaza Güemes. Incluyó el desvío forzado por los mismos manifestantes de automóviles y colectivos que tuvieron que sortear fogatas, piedrazos, gasasos y postas de goma, en contramano, por la calle La Rioja. Incluyó la puesta en riesgo concreto de miles de ciudadanos durante las más de cuatro horas que duró la batalla.
La fiscalía de Estado, pues, presentará en la Justicia una parte del problema. El que sucede intramuros de la administración pública. El otro, el que atañe a los ciudadanos de a pie, el que toca a quienes no trabajan necesariamente en el Estado, sigue sin presentación judicial ni de nadie que se ocupe, sigue sin que nadie cumpla con la protección que la seguridad pública exige y demanda.
Los que están del otro lado del muro necesitan una respuesta, mientras el gobierno y ATE siguen jugando con fuego.
Rubén Boggi
