Diputados proponen castigos contra el maltrato animal
La iniciativa busca endurecer las consecuencias para quienes maltraten o abandonen animales y evitar que vuelvan a tenerlos bajo su cuidado
Los recientes casos de violencia contra animales que sacudieron a Neuquén volvieron a instalar el debate sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y sanción. En los últimos días, un hombre fue denunciado por golpear brutalmente a un perro con un hierro en la ciudad capital. Y, en otro hecho ocurrido en Senillosa, un vecino apuñaló a un perro que había atacado a su mascota. En ese contexto, ingresó a la Legislatura un proyecto para crear un Registro Provincial de Infractores por Maltrato y Crueldad Animal.
La iniciativa fue presentada por los diputados Matías Martínez y Yamila Hermosilla, del bloque oficialista Comunidad, y propone establecer un régimen administrativo y contravencional para sancionar el maltrato, el abandono y la crueldad hacia los animales. El objetivo es fortalecer la tenencia responsable, prevenir nuevos hechos de violencia y brindar al Estado herramientas para evitar la reincidencia.
El proyecto crea un registro en el que deberán figurar tanto las personas condenadas por delitos previstos en la Ley Nacional 14.346 como aquellas que reciban sanciones administrativas por infracciones graves o muy graves. El registro será de acceso público y podrá consultarse tanto de manera presencial como electrónica. Será algo así como un escrache legal (y por supuesto merecido).
Además de multas y trabajos comunitarios, la propuesta contempla inhabilitaciones temporarias para adoptar, adquirir o tener animales bajo guarda. También impide que las personas registradas puedan desempeñarse como responsables de criaderos, refugios, centros de adiestramiento o comercios vinculados con animales. Incluso prevé la creación de un Certificado Provincial de Libre Registro para determinados trámites relacionados con la actividad.
Los autores del proyecto sostienen que la legislación vigente castiga los hechos de maltrato, pero no incorpora mecanismos que impidan que quienes ejercieron violencia contra los animales vuelvan a tenerlos a su cargo. Por eso, la iniciativa también incorpora instancias obligatorias de capacitación sobre tenencia responsable y bienestar animal, además de promover el trabajo conjunto entre municipios, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y organizaciones proteccionistas.