Echaron a otros cinco estafadores planeros

Otros cinco indeseables que -según concluyeron las investigaciones administrativas- formaban parte de la banda de estafadores planeros que lideraron Ricardo Soiza, Abel Di Luca y otros sujetos que en su momento eran funcionarios del ex gobernador Omar Gutiérrez, fueron despedidos de la administración pública provincial neuquina.

Se los llevó puestos la purga que es el resultado natural de la tolerancia cero contra ñoquis, indisciplinados y delincuentes que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa y que tiene amplio respaldo social. En ese caso el agravante es que robaron fondos de planes sociales que jamás llegaron a las familias carenciadas a las que estaban destinados. El robo lo concretaron durante el segundo gobierno de Gutiérrez.

En el expediente -que se conoció hace apenas unas pocas horas- consta que cuatro de estos sujetos fueron exonerados (el castigo administrativo más severo posible) y otro cesanteado (en realidad, cesanteada).

Las nuevas exoneraciones alcanzaron a Tomás Siegenthaler, Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Aaron Escobar, por haber sido hallados responsables de delitos contra la administración pública. Mientras que la cesantía recayó sobre Marines Elizabeth Huaiquipán, quien fue sobreseída en lo penal pero sancionada a nivel administrativo.

Las sanciones se basaron en las medidas disciplinarias previstas por la normativa vigente para agentes de la administración pública y surgieron tras acreditarse el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley de Administración Financiera y Control.

La decisión administrativa se conoció este viernes, mientras se desarrollaban las audiencias ante el tribunal de impugnación ya que el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado solicitaron revisar las penas impuestas y las absoluciones por el delito de asociación ilícita. Es decir, quieren sanciones más severas de las que recibieron los cabecillas de la banda delictiva.

El robo

Cabe recordar que, durante el juicio desarrollado el año pasado, la fiscalía planteó que la maniobra para defraudar al Estado mediante el cobro irregular de planes sociales fue ejecutada entre los años 2020 y 2022 por una organización criminal estable, con permanencia en el tiempo y división de funciones. Sin embargo, se desestimó la existencia de una asociación ilícita y en su lugar se condenó a los acusados por administración fraudulenta.

La Justicia impuso penas de hasta cinco años de prisión efectiva para los máximos responsables de la maniobra, entre los cuales figuran el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex director de Planes Sociales Ricardo Soiza. Entre los condenados también se encuentran el abogado Alfredo Cury, el ex director de Fiscalizaciones Pablo Néstor Sanz, el jefe de Departamento de informática Marcos Osuna.