Estafa con lotes en Neuquén: delincuente acorralada

Una mujer admitió su responsabilidad en un hecho delictivo (es decir, reconoció su condición de delincuente) y un tribunal compuesto por tres jueces declaró su responsabilidad penal. De este modo, Miriam Claudia Alejandra Godoy fue declarada autora de estafa reiterada en 63 hechos, en una causa vinculada a la venta fraudulenta de terrenos a través de la Cooperativa 14 de Octubre.

Un juez validó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa. La imputada admitió su participación en la maniobra, renunció al juicio oral en esta etapa y aceptó su responsabilidad penal, lo que permitió avanzar directamente hacia la instancia de determinación de la pena.

La investigación había sido impulsada por el fiscal Juan Narvaez y la asistente letrada Tanya Cid. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre 2016 y julio de 2022, cuando Godoy actuó junto a Mario Osvaldo Del Río -ya condenado­- en una maniobra destinada a captar personas interesadas en adquirir lotes en la meseta de la ciudad de Neuquén. Utilizando la estructura y el nombre de la cooperativa, inducían a error a las víctimas para que realizaran pagos por terrenos que nunca fueron adjudicados.

Según se expuso en la audiencia, el mecanismo consistía en desviar los pagos que debían realizarse a la empresa desarrolladora hacia cuentas bajo control de los imputados, además de utilizar documentación informal o inválida para simular operaciones legítimas. La investigación determinó que 63 familias resultaron damnificadas.

El perjuicio económico fue estimado en más de 61,9 millones de pesos y 13.450 dólares, sin que las víctimas recibieran contraprestación alguna. Entre las pruebas valoradas se incluyeron testimonios de damnificados, documentación contractual, pericias contables, caligráficas e informáticas, además de registros de comunicaciones que evidenciaron la coordinación de la maniobra y el desvío de fondos para fines personales.

El juez Marco Lupica Cristo sostuvo que el acuerdo cumplía con los requisitos legales, contaba con sustento probatorio suficiente y había sido aceptado de manera voluntaria por la imputada. En función de ello, el tribunal resolvió por unanimidad homologarlo y declarar su responsabilidad penal.