Los que más cobran son los que menos quieren trabajar

La conducción del gremio judicial neuquino, SEJUN, volvió a colocarse en el centro de la polémica al sostener una protesta que, a esta altura, resulta cada vez más difícil de explicar con argumentos razonables. A pesar de haber recibido una oferta salarial en línea con la que aceptaron otros sindicatos estatales, la dirigencia optó por rechazarla y profundizar las medidas de fuerza. Como ocurre casi siempre en estos casos, interrumpieron trámites y servicios esenciales, con los consecuentes perjuicios para la población.

El contraste entre los beneficios que perciben los trabajadores judiciales y su nivel de conflictividad es lo que más ruido genera en la sociedad. No se trata de un sector postergado ni de ingresos rezagados: por el contrario, los salarios del Poder Judicial neuquino se ubican entre los más altos no sólo de la provincia, sino también del país. A eso se suma un régimen laboral con horario exclusivamente matutino y dos extensos períodos de receso anual, las ferias judiciales de enero y julio, que en la práctica son vacaciones.

En ese contexto, la negativa a aceptar una propuesta que incluye actualizaciones trimestrales atadas a la inflación (lo que se conoce como IPC) y una batería de bonos extraordinarios resulta difícil de justificar. El ofrecimiento contempla pagos adicionales significativos, sumas destinadas a capacitación, ayuda escolar y mecanismos de actualización que, en el actual escenario económico, serían vistos como un privilegio por buena parte de los trabajadores del sector privado de todo el país.

Lejos de mostrar flexibilidad, la dirigencia de SEJUN parece aferrarse a una postura rígida que roza la intransigencia. La ratificación de las medidas de fuerza, incluso después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reiterara -este miércoles- su voluntad de diálogo, expone una actitud que no sólo resulta difícil de sostener hacia afuera, sino que además alimenta la percepción de desconexión con la realidad económica que atraviesa el resto de la sociedad argentina.

El propio Tribunal fue claro al señalar que la oferta presentada responde a las actuales condiciones presupuestarias y que avanzar más allá implicaría comprometer la sostenibilidad del servicio de justicia. En otras palabras, no hay margen para seguir incrementando el gasto sin afectar el funcionamiento institucional. Aun así, el gremio decidió avanzar con paros y movilizaciones, ignorando ese límite y trasladando el conflicto a la ciudadanía.

Es en este punto donde la discusión deja de ser estrictamente salarial y pasa al terreno de la responsabilidad social. Cuando quienes cuentan con mejores condiciones laborales y remuneraciones deciden paralizar un servicio esencial en reclamo de más beneficios, el impacto social se vuelve inevitable. La comunidad, que no goza de esos privilegios, termina siendo rehén de una disputa impostada que percibe como desproporcionada.

Además de la actualización de los salarios en forma trimestral a lo largo del año, el TSJ ofreció dos bonos extraordinarios de 400.000 pesos, una asignación adicional en dos cuotas actualizada por inflación, ayuda escolar extraordinaria y una suma de 350.000 pesos con destino a capacitación. Pero para la dirigencia sindical es poco.

La combinación de salarios altos, amplios períodos de descanso y una oferta salarial competitiva, frente a una negativa sistemática y medidas de fuerza, alimenta una lectura incómoda pero cada vez más extendida: que los que más cobran son, en este caso, los que menos predisposición muestran a trabajar. Una percepción que, más allá de su dureza, encuentra sustento en hechos concretos y que interpela directamente a una dirigencia sindical cuya soberbia y terquedad terminan siendo  perjudiciales para quienes necesitan realizar trámites en los distintos organismos de la Justicia.