Otros dos afuera: la lista de expulsados del Estado no se detiene

La lista de ñoquis, delincuentes e indisciplinados expulsados del Estado provincial neuquino parece no tener fin. Desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa, la política de tolerancia cero dentro de la administración pública se transformó en una señal clara de época: quien no cumple con la ley o con sus obligaciones éticas y laborales, queda afuera. Este viernes se sumaron dos nuevos nombres a esa larga nómina de despedidos, lo que confirma que la purga iniciada al comienzo de la gestión continúa sin pausa.

Uno de los casos es el de un delincuente al que identificaron como Hugo Miguel Inostroza, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios (portero) en el Instituto de Formación Docente N 6 de la ciudad de Neuquén. El Consejo Provincial de Educación (CPE) había resuelto su baja el 29 de diciembre último, decisión que fue convalidada ahora por el Ejecutivo provincial mediante decreto. El despido se hizo efectivo una vez que quedó firme la sentencia judicial que lo condenó por abuso sexual con acceso carnal en una causa iniciada en 2019, por un aberrante hecho que este sujeto perpetró fuera del ámbito institucional.

En el expediente consta que Inostroza fue condenado a ocho años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, caso por el que ya purgaba prisión preventiva; de hecho, llegó detenido al momento de dictarse la condena. Aunque el hecho ocurrió fuera del ámbito institucional, el documento oficial es contundente: la condena penal genera una incompatibilidad absoluta con el desempeño de funciones dentro del Estado y lo deja sin las condiciones morales exigidas para integrar la administración pública.

El otro decreto firmado este viernes dispuso la cesantía del ex cabo de la Policía neuquina Gustavo Gabriel Querci, quien acumuló reiteradas sanciones disciplinarias. Según consta en el expediente, el suboficial purgó 90 días de arresto policial entre noviembre de 2024 y abril de 2025, lo que supera ampliamente los límites establecidos por el régimen disciplinario de la fuerza.

La normativa es clara: acumular más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en un año constituye causal directa de cesantía. Con ese antecedente, la Jefatura de Policía solicitó su destitución el 21 de abril de 2025 y el Ejecutivo finalmente la oficializó. Así estos dos se sumaron a la extensa lista de expulsados que dejó la política de orden impulsada por el gobierno provincial, una limpieza administrativa que, según reiteran desde el poder político, no se detendrá. La purga cuenta con un amplio consenso en la sociedad neuquina.