Otro despido que consolida la tolerancia cero
El despido de un portero de un jardín de infantes, condenado por tentativa de homicidio, volvió a marcar que la purga (que apoya la sociedad) sigue vigente
La política de tolerancia cero que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa no sólo se sostiene desde la gestión, sino que cuenta con un amplio consenso en la sociedad neuquina. La decisión (que acaba de conocerse) de desvincular a un auxiliar de servicio condenado por tentativa de homicidio se inscribe en una línea clara: el Estado no puede sostener vínculos laborales con quienes incumplen las normas básicas de convivencia y legalidad.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se vincula directamente con uno de los compromisos anunciados por el gobernador al inicio de su mandato: eliminar los gastos innecesarios, erradicar conductas incompatibles con la función pública y ordenar las cuentas provinciales para disponer de más recursos en las áreas esenciales como educación, salud y seguridad.
En este caso puntual, el Ejecutivo provincial convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) que dispuso la baja de un portero de un jardín de infantes, tras una condena penal firme por delitos graves cometidos fuera del ámbito escolar. El decreto remarca que el ex agente no reúne las condiciones morales y de conducta que exige la normativa vigente para desempeñarse en la administración pública.
Lo que hizo el Ejecutivo provincial fue convalidar la Resolución N 1590 del 27 de octubre de 2025 del CPE y darle de baja de los cuadros de la administración pública, a este ex agente que fue identificado como Brian Eduardo Tardugno, quien se desempeñaba en el Jardín de Infantes N 32 de la ciudad de Neuquén.
Según se indicó al respecto, tras un acuerdo judicial, fue declarado penalmente responsable y condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, siempre y cuando cumpla una serie de reglas de conducta que no vienen al caso enumerar.
El fallo judicial determinó su responsabilidad penal por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, además de otros delitos como amenazas, violación de domicilio y lesiones graves. Esa condena implicó, de manera automática, la pérdida del derecho a la estabilidad laboral, tal como lo establecen las normas administrativas y el Convenio Colectivo de Trabajo.
