Destrozó una camioneta oficial y lo echaron del Estado

Una vez más, el gobierno provincial neuquino dejó en claro que los incumplimientos, la negligencia y los delitos graves son causales directas de expulsión del Estado. La política de orden y responsabilidad que impulsa Rolando Figueroa sigue sumando decisiones firmes y ejemplificadoras. Tal es así que en filo de la semana echaron a otros dos sujetos.

En efecto, el proceso de depuración del Estado neuquino volvió a quedar en evidencia en este inicio de 2026. La expulsión de ñoquis, indisciplinados y delincuentes no es un slogan ni una medida circunstancial, sino una política sostenida que reafirma que en la administración pública no hay lugar para conductas que dañen a la sociedad, los recursos del Estado o la confianza ciudadana.

En esta oportunidad, los despidos alcanzaron a dos casos graves y bien documentados. Por un lado, un chofer de ambulancia que incurrió en una cadena de irresponsabilidades que terminaron con la destrucción de un vehículo oficial y con pacientes afectados; por el otro, un ex suboficial de Policía condenado por un aberrante delito sexual, cuya situación fue revisada y recibió un castigo por parte del actual gobierno.

Chofer sin licencia

La cesantía recayó sobre un tal Roberto José Ferrari, quien se desempeñaba como chofer de ambulancia del Hospital Picún Leufú “Dra. Nancy Ferrari de Diby”. El expediente es contundente: el 4 de agosto de 2023 protagonizó un grave accidente vial mientras trasladaba pacientes, conduciendo a alta velocidad y con la licencia de conducir vencida, lo que agravó su situación tras el choque en cadena sobre la Ruta 7.

Como consecuencia de ese hecho, una camioneta oficial Nissan Frontier quedó inutilizada de manera permanente, la aseguradora rechazó la cobertura por la licencia vencida y los pacientes trasladados (regresaban de un tratamiento de diálisis) debieron recibir atención médica posterior. El propio chofer admitió su responsabilidad, dejando sin margen de interpretación una conducta incompatible con el rol que cumplía y con el cuidado de bienes públicos esenciales para la salud.

Abuso sexual

El segundo caso es aún más grave. Se trata del sargento primero retirado Pedro Vicente Coñoemil, a quien durante la gestión anterior se le había otorgado el retiro voluntario. Ahora, con la condena judicial firme a siete años de prisión por abuso sexual contra una menor, el gobierno provincial resolvió modificar esa situación y aplicar la exoneración definitiva.

La decisión implica la pérdida total del estado policial y de todos los derechos inherentes, incluido el retiro, y fue comunicada al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Estos dos casos refuerzan un mensaje que ya no admite dudas: en el Estado neuquino no hay lugar para la indisciplina, la negligencia ni el delito.