Echaron a tres policías que presentaron certificados truchos

En Neuquén siguen pasando la escoba con todo lo que huela a trampa o a falta de compromiso en la administración pública. Esta vez les tocó a tres policías que, en lugar de presentarse a trabajar, eligieron el camino más corto: presentar certificados médicos truchos para justificar sus ausencias. Pero la jugada les salió mal. La división Carpetas Médicas los descubrió y el gobernador Rolando Figueroa no dudó en firmar los decretos de despido.

El primero en la lista fue el agente Alejandro Emanuel Castro. Según consta en el expediente, en diciembre de 2022 y enero de 2023 presentó dos certificados que, a simple vista, parecían legítimos. El problema es que cuando la Justicia consultó a los profesionales de la salud cuyos sellos figuraban en los papeles, estos negaron haberlos emitido. Con esas pruebas en mano, la Jefatura de Policía pidió la cesantía y, finalmente, lo echaron.

Pero Castro no fue el único. También fue despedido el cabo Edgardo Segovia, que acumuló cuatro certificados truchos (o uno por cuatro días, vaya a saberse) en menos de diez días de diciembre de 2022. El modus operandi fue el mismo: sellos de médicos que después dijeron “yo no firmé nada”. La Jefatura de Policía no dudó y en septiembre de 2024 solicitó su despido, que ahora se hizo efectivo.

El tercer caso es el del cabo Lucas Emanuel Ramírez, quien tampoco zafó. En su historial figuran dos licencias médicas truchas, una en 2022 y otra en 2023. Igual que en los otros casos, los profesionales de la salud desmintieron haber extendido esos papeles, lo que selló su destino: quedó fuera de la fuerza.

Lo que marca la diferencia con otras gestiones es la rapidez con que se resolvieron estos expedientes. Figueroa viene insistiendo en que no se puede seguir pagando sueldos del Estado a quienes no cumplen, y dio la orden de que todo trámite disciplinario avance sin vueltas. Así, los que intentan hacerle trampa al sistema ya saben que la sanción les llega mucho más rápido que antes.

Además, los tres ex policías no sólo quedaron sin uniforme ni sueldo: también tienen cuentas pendientes con la Justicia. En paralelo a los sumarios administrativos, se iniciaron causas penales por falsedad en certificados médicos. Hoy están imputados y deberán responder en tribunales. El mensaje del gobierno es claro: el que se quiera pasar de vivo, tarde o temprano paga las consecuencias.