Rápido y furioso, versión vialidad (lo echaron)

El gobierno de la provincia de Neuquén volvió a dar un ejemplo digno de manual: si alguien todavía creía que los vehículos oficiales podían usarse como si fueran autos particulares, que tome nota de lo sucedido en Vialidad. Una camioneta terminó volcada, destruida, y con ella también las carreras de tres agentes que, al parecer, no comprendieron que la impunidad ha terminado.

Con la misma rigurosidad con la que controla el cumplimiento de horarios en la administración pública, el gobierno dejó en claro que el cuidado extremo de los bienes del Estado que dispuso el gobernador Rolando Figueroa, se cumple a rajatabla; de lo contrario, hay consecuencias. Lo nuevo es que la dirección provincial de Vialidad repartió suspensiones y despidos, entre los involucrados en el uso indebido de un vehículo oficial, que terminó con destrucción total producto de un vuelco.

En una resolución que firmó el presidente de ese organismo, José Dutsch, se declaró la responsabilidad administrativa de tres agentes. Al encargado del área, Martín Ezequiel Rivera, le aplicaron 60 días de suspensión sin goce de haberes; y a Cristian Alberto Montecino, lo castigaron con 45 días de suspensión, también sin goce de haberes. Mientras que la sanción más severa, es decir la de cesantía, recayó sobre el ahora ex agente Esteban Rafael Sandoval.

En el documento oficial consta que a Rivera lo castigaron por ser el responsable a cargo de la movilidad. Al tiempo que a Montecino le endilgaron haberse tomado atribuciones que no le correspondían y por haberle entregado las llaves de la camioneta a Sandoval, quien no contaba con carnet de conducir, ni con habilitación para conducir vehículos oficiales; pero, muy a pesar de ello, la usó y la volcó cuando circulaba por la zona de Aluminé (y se cree que estaba borracho).

Le endilgaron a este último una acción extremadamente descuidada, “consistente en usar la unidad sin contar con carnet de habilitación alguna y para fines particulares fuera del horario de trabajo y distintos a los autorizados por la comisión de servicios, y por ser responsable del vuelco y los daños absolutos a la unidad”. El rodado sufrió la destrucción total.

La conclusión fue tan obvia como previsible: incumplimiento de deberes, desprecio por la ética y un desinterés absoluto por el decoro de la función. Ahora, como corresponde a los tiempos de tolerancia cero, el gobierno busca recuperar el costo del desastre. Es decir, le harán pagar los daños. Una lección ejemplar, casi pedagógica, para quienes crean que la flota estatal es una extensión de su propio garaje.