Cómo serán los test toxicológicos a funcionarios neuquinos

Fue en marzo último cuando, durante la apertura de sesiones y como parte de su compromiso en la lucha contra las drogas, el gobernador Rolando Figueroa pidió debatir una ley que establezca controles voluntarios y aleatorios para detectar el eventual consumo en los funcionarios públicos. “Yo me ofrezco a hacer el primer test en forma voluntaria”, aseguró. Al poco tiempo, ingresaron las iniciativas parlamentarias que hoy debaten los diputados.

Lo nuevo es que la comisión de Desarrollo Humano de la Legislatura neuquina emitió despacho favorable al proyecto que obliga a funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado a realizarse exámenes toxicológicos. Lo hizo tras debatir punto por punto una nueva propuesta de redacción que unificó los distintos proyectos.

La votación se dio tras un intenso debate en el que los distintos bloques intercambiaron posiciones en cuanto a la periodicidad con la que tendrán que realizarse los exámenes, el universo que debe abarcar y, en particular, el poder sancionatorio en caso de que la prueba resulte positiva en la primera instancia y en la contraprueba.

¿Suspensión o despido?

Sobre ese último punto, el diputado Francisco Lepore (de Avanzar, partido que forma parte de La Neuquinidad) aclaró que la línea de acción es la suspensión automática sin percepción de haberes, y luego la remoción del cargo en caso de que la situación persista, bajo los procedimientos vigentes de cada Poder u organismo a tal fin.

“No hay otra manera de que no sea así, no podemos prever un procedimiento distinto de remoción de lo que establece la Constitución Provincial”, aseguró en ese sentido. Lo hizo al discrepar de la opinión de Marcelo Bermúdez (PRO–NCN, también de La Neuquinidad) que pidió que “la ley tenga un fin claro” y, en ese sentido, garantice la destitución en caso de resultar positivo el examen.

Por su parte, Federico Méndez (Comunidad, también del oficialismo) vislumbró “inconstitucionalidad” en la norma si no garantiza el debido proceso. Además, sugirió que se remita la propuesta final a la cartera de Salud para que brinde detalles técnicos, tanto sobre las sustancias como sobre el tiempo de duración en el organismo a fin de identificar el plazo de la contraprueba.

La consideración de votarlo y continuar su tratamiento así en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, devino de los diputados Matías Martínez (Comunidad) y Darío Peralta (PJ-K), quienes señalaron que allí se podrán dirimir las diferencias en los puntos en los que no hubo acuerdo.

La titular del cuerpo, Verónica Lichter (PRO-NCN) coincidió con Bermúdez al señalar que la sanción debe ser la remoción. En cuanto a la periodicidad, la redacción consensuada contempla que los exámenes, que deberán ser autofinanciados por la propia persona, se realicen una vez por año “en forma aleatoria”, es decir, sorpresiva. Peralta insistió en que sea, al menos, dos veces al año.

Sobre la contraprueba, que deberá realizarse tras el resultado positivo del análisis, el cuerpo también tuvo opiniones encontradas. La redacción final fijó en cinco días su realización, pero, según señalaron desde distintas bancas, el periodo podría reverse durante el tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales.

¿Qué cargos abarcaría?

En relación con el universo alcanzado, la última redacción sugerida sobre la que debatió la comisión, contemplaba desde el gobernador hasta las direcciones generales para la administración pública; los diputados y funcionarios del Poder Legislativo; el presidente y los vocales del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal General y el Defensor General; jueces, fiscales y defensores; consejeros de la Magistratura y presidente y vocales del Tribunal de Cuentas.

Tras considerar que se trata de “una exageración”, Bermúdez solicitó que se acote y desestime a funcionarios con rango menor a Secretarios de gobierno.

Finalmente, la redacción final también eliminó la posibilidad de aplicar los exámenes a candidatos y faculta al Ejecutivo a designar a la Autoridad de Aplicación. La medida aplicará tanto para acceder como para permanecer en los cargos públicos, a fin de garantizar el ejercicio de la función con plenas facultades, libre de los efectos de sustancias psicotrópicas ilegales.