Advierten sobre la “prórroga eterna” de las hidroeléctricas

La Legislatura neuquina se pronunció en contra de continuar con el mecanismo de prórrogas indefinidas que desde la finalización de los contratos de concesión -en julio de 2023- el gobierno nacional aplica de manera sistemática a la continuidad operativa de los complejos hidroeléctricos de la provincia de Neuquén.

Se trata de una práctica centralista que comenzó con Alberto Fernández y a la que Javier Milei le dio continuidad. Al respecto, la diputada Cielubi Obreque (MPN) anticipó que el Estado nacional tiene previsto firmar el próximo lunes 11 de agosto una nueva prórroga sobre los contratos de concesión de los complejos hidroeléctricos. En ese sentido, alertó que la intención de Milei es volver a otorgar una extensión, pero en este caso con plazos indefinidos, los cuales culminarán una vez que se concesionen las represas en forma definitiva.

“Es la séptima vez que se prorrogan los plazos de concesión”, subrayó Obreque al considerar que Nación no contempla los intereses de las provincias, pese a que son dueñas del recurso natural, ni tampoco en cuestiones relativas a la seguridad de la población ubicadas aguas abajo de cada complejo. Lo dijo al observar que ningún concesionario realizó inversiones en mantenimiento en un escenario sin ningún tipo de previsiones.

Obreque cuestionó la falta de una política energética clara en la materia y evidenció que desde la administración central se piensa más en los dólares que pueden ingresar al Banco Central derivados de un nuevo proceso de privatización, que en las necesidades energéticas y de seguridad que requieren los habitantes de las provincias en donde se encuentran emplazados los complejos de generación de eléctrica.

En contra del reclamo que aprobó por mayoría la Legislatura, se pronunció la diputada Lorena Parrilli  (Unión por la Patria), quien consideró que la concesión en manos de privados “no sirve” y quedó demostrado, dijo, con la falta de reinversión tras 30 años de concesión.

Las bancas del PTS-FIT-U y FIT-U también rechazaron la iniciativa al exigir que la administración quede en manos de los trabajadores bajo una empresa estatal como lo fue Hidronor. “Se llevaron toda la plata” aseguró el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) al denunciar que el sector privado no realizó inversiones en infraestructura. No obstante, lo de control obrero es como mínimo cuestionable. Entre otras cosas porque quedó demostrado con la pésima administración de las cerámicas neuquinas, que ni siquiera pueden pagar la luz.