Estafadores planeros: Soiza quiso zafar de la prisión domiciliaria
Un juez le rechazó esa pretensión, ya que aún tienen que declarar varios testigos. La estafa se produjo durante el gobierno de Gutiérrez
Ricardo Soiza, uno de los sujetos que están señalados como presuntos cabecillas de la banda de delincuentes que perpetró una estafa multimillonaria contra la provincia de Neuquén a partir del manejo inescrupuloso de planes sociales, seguirá detenido en prisión domiciliaria. Así lo dispuso el juez de garantías Luis Giorgetti, en medio del juicio que se lleva adelante.
Desde la Justicia se indicó que aún queda más de un mes de juicio y restan muchos testigos por declarar; y no se consideró, al momento de determinar la detención domiciliaria, que sólo fuera necesaria por los testigos “arrepentidos” sino por todos los testigos, sin distinción. Los testigos le temen a Soiza, quien era director de Planes durante el gobierno de Omar Gutiérrez, en cuya gestión se perpetró la mega estafa.
El pedido para Soiza había sido realizado por su abogado, Alfredo Cury, quien también llegó a esta instancia como acusado de participar en el robo que, además, involucra al ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. Cury había argumentado el pedido de libertad de Soiza en que, luego de las dos semanas de juicio que ya se llevaron adelante, los testigos considerados como “arrepentidos” ya habían declarado.
La medida había sido impuesta a partir del riesgo de entorpecimiento por la influencia que podía llegar a tener el imputado sobre las declaraciones de testigos en la causa, es por eso que se la fijó considerando su vencimiento posterior a la finalización del juicio.
Durante la audiencia de ayer, Soiza aseguró que cumplió con todos los requisitos impuestos por la Justicia. Mientras que Cury se refirió a los llamados arrepentidos, a quienes consideró delincuentes que fueron absueltos por sus declaraciones pese a que realizaron extracciones con tarjetas de débito ajenas.
La causa investiga el desvío de fondos que estaban destinados a familias de bajos recursos a las que jamás llegaron. Además de Soiza y Di Luca, los fiscales ubicaron entre los presuntos cabecillas de la supuesta asociación ilíticita tanto a Tomás Siegenthaler (ex coordinador de Administración) como a Néstor Pablo Sánz (ex director de Fiscalización) y a Marcos Osuna (ex funcionario del Departamento de Gestión de Programas), a quienes sus ex compañeros de trabajo calificaron como sujetos jactanciosos y depreciables.
