Sr. presidente, está Ud. despedido (sigue la purga)
Ya se había dicho que la tolerancia cero, en la provincia de Neuquén, iría a fondo, cayera quien cayera. Y ahora cayó un abogado que supo ostentar altos cargos de conducción en una de las empresas del Estado. Tal es así que, hasta hace apenas unas pocas horas, era el presidente de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine).
El ahora ex funcionario se llama Martín Miguel Irigoyen y fue acusado de representar a esa compañía en un juicio laboral, pese a que no tenía el consentimiento para hacerlo. En el ámbito administrativo se asegura que Cormine perdió ese pleito; que este abogado acordó con la denunciante el pago de un monto superior al que correspondía; y que, además, le cobró por sus honorarios a la empresa. Eso puede derivar en una denuncia penal por la presunta comisión del delito de fraude al Estado.
El tal Irigoyen se sumó, de este modo, a la larga lista de ñoquis, indisciplinados y hasta delincuentes que fueron eyectados de la administración provincial, tal como -durante la última semana- ocurrió con tres policías (que superaron la cantidad de arrestos policiales), con un subcomisario implicado en el robo de 300 mil pesos durante un allanamiento, y con un enfermero que falsificó un certificado médico. El gobernador Rolando Figueroa ordenó cuidado extremo de los recursos del Estado y los despidos son consecuencia directa de ello.
En el caso de Irigoyen, el sábado último, el vicepresidente de Cormine, Gabriel Enrique Ranucci, le envió una carta documento que, entre otras cosas, dice expresamente lo siguiente: “Me dirijo a usted a fin de notificarle su despido con justa causa del cargo de gerente general de la empresa”.
Como representante de la compañía estatal, Ranucci argumentó el despido en “la grave injuria laboral” en la que incurrió Irigoyen “al haber intervenido en el doble carácter de apoderado y patrocinante en los autos caratulados “Acuña María Pascuala y otros C/Corporación Minera del Neuquén…” Es una causa laboral por cobro de haberes, que se había iniciado en 2015, es decir durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Ranucci acusó que Irigoyen actuó en contravención a “sus deberes de director, presidente y gerente general” de la compañía, apartándose de cualquier atisbo de lealtad o buena fe laboral. Acordó con la otra parte el pago de un monto “superior al de la condena firme”, expuso en la carta documento. Ahora lo alcanzó la purga que es impiadosa con corruptos e infieles.
