Echaron a un subcomisario y a un enfermero falsificador

Como cada semana, el gobierno de la provincia de Neuquén siguió adelante con su política de tolerancia cero, que implica el despido de quienes han incurrido en hechos de corrupción, inconductas, ausencias injustificadas o indisciplinas.

Ñoquis y sumariados están en la mira. Y los tiempos se aceleraron para evitar que sigan cobrando sueldos del Estado provincial neuquino. En gestiones anteriores estos expedientes se demoraban, pero el gobernador Rolando Figueroa dio la orden de que se agilicen.

Uno de los despidos que se conocieron en las últimas horas es el del ahora ex subcomisario Enrique Daniel Maidana, a quien le endilgaron responsabilidad en un robo. Algo así como un poliladron.

El 24 de junio de 2024, la Jefatura de Policía de la Provincia de Neuquén solicitó que lo echaran.  Lo hizo a partir de un trámite administrativo que tuvo su origen en una denuncia penal.

Según consta en el expediente, el 26 de septiembre de 2022 una vecina de la ciudad capital narró que el 29 de julio de 2021 personal policial uniformado, llevó a cabo un allanamiento en su domicilio. Dijo, además, que “el personal interviniente, entre las cuales se hallaba presente el efectivo policial Maidana se habría apoderado de una suma de 300.000 pesos en efectivo, que tenía ahorrados”.

Intervino la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la ciudad de Neuquén y se inició una causa que fue caratulada “Maidana Enrique Daniel S/ Peculado, Falsedad Ideológica en documentos, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de los Funcionarios Públicos”. Ahora lo despidieron por haber incurrido en la comisión de las faltas previstas tanto en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial como en el Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales.

El otro despedido es un tal Ramón Hernández, un licenciado en Enfermería que se desempeñaba en el Hospital Cutral Co - Plaza Huincul y al que le comprobaron la falsificación de un certificado médico, con sello y firma de una médica del mismo nosocomio. En diciembre de 2022, la doctora realizó la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.

En su denuncia expuso que una compañera de trabajo le informó sobre la existencia de ese certificado que consistía en una licencia médica para un trabajador de una empresa tercerizada que le brindaba servicios al centro asistencial.

Acorralado por las pruebas en su contra, Hernández asumió su responsabilidad en el delito que incluyó, por supuesto, la falsificación de firma. Fue por eso que se quedó sin trabajo.