Estafa con planes: le dan domiciliaria a otro de los reos
Otro de los delincuentes procesados por el mega robo al Estado provincial neuquino, al que se conoce como la estafa con planes sociales, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Se trata de Marcos Ariel Osuna, uno de los sindicados como cabecillas de la banda, que perpetró el hecho durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Desde la Justicia neuquina se informó que, habiéndose cumplido los 18 meses que establece el Código Procesal como límite para una prisión preventiva en el caso de causas declaradas complejas, la fiscalía solicitó ante el juez de garantías Luis Giorgetti que el reo pase a una modalidad de detención domiciliaria por el término de 6 meses.
En la misma audiencia, la fiscalía solicitó la prórroga de la detención domiciliaria de Ricardo Soiza por el mismo plazo. Soiza fue el director de Planes Sociales de Gutiérrez y es el dueño del restaurante Faraón, ubicado en pleno centro de la ciudad capital. Su abogado pidió su libertad.
El juez hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la detención domiciliaria de Osuna y la prórroga de la detención domiciliaria de Soiza, en los mismos términos en los que la venía cumpliendo. Teniendo en cuenta que la audiencia de control de la acusación se realizará el 18 de febrero, dictó ambas medidas por un plazo de un mes y quince días a contar desde el 10 de enero. Además, ordenó la colocación de tobillera electrónica para Osuna, rondines policiales sorpresivos y la prohibición de cualquier tipo de contacto por ningún medio con ninguno de los testigos de la causa
El fiscal del caso Juan Manuel Narváez recordó que el requerimiento de apertura de juicio ya fue presentado por el Ministerio Público Fiscal y que la fecha de juicio se estima que será en marzo o abril de este año.
El robo a la Provincia
La teoría del caso de la fiscalía es que un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, integraron una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.
Otros de los procesados como jefes o cabecillas de la banda de criminales que desvió el dinero que debía llegar a las familias de bajos recursos económicos son Néstor Pablo Sanz (ex director de Fiscalización del ministerio de Desarrollo Social) y el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; como así también un tal Tomás Siengentharler, quien fue coordinador de Administración de esa cartera.
La investigación se centró en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, con diversos roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel.
