Fiscal insiste con que fue un robo a la Provincia

El caso por el que se investiga un presunto fraude perpetrado contra la provincia de Neuquén durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez no está cerrado. Por el contrario, el Ministerio Público Fiscal (MPF) afirmó que impugnará la resolución de la jueza de garantías Natalia Pelosso que rechazó la apertura de la etapa de juicio para la mayoría de los imputados.

Esta semana, la jueza dispuso que solo el líder de la supuesta banda, un tal Diego Mauro vaya a juicio, mientras que los demás fueron sobreseídos o los benefició con la suspensión de juicio a prueba. Lo que se investiga es un robo o desvió de 1.208 millones de pesos y en entre los que fueron investigados no sólo hay activistas de del Polo Obrero (fuerza de choque del Partido Obrero) y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), sino también dos ex ministros de Desarrollo Social de Gutiérrez: Abel Di Lucca (quien ya fue condenado en otra causa, la de los planes sociales) y Germán Chapino.

Los hechos que se investigan remiten al período comprendido entre 2022 y 2023 y tienen su epicentro en la cooperativa Viento Sur que integraban dirigentes de aquellas organizaciones. La apelación la anunció el fiscal jefe Pablo Vignaroli, luego de la resolución de la magistrada que sobreseyó en forma total y definitiva a los exministros de Gutiérrez.

Siete de las ocho personas a las que el MPF les había formulado cargos, fueron desvinculadas del caso por la magistrada y sólo imputó a Mauro por el delito de administración fraudulenta en calidad de autor, e irá a juicio ante un tribunal colegiado según la decisión de la jueza de garantías.

En este contexto, el fiscal jefe adelantó que presentará la impugnación en el transcurso de los próximos días –existe un plazo de diez días-, con el objetivo de que un Tribunal de Impugnación revise y anule la decisión de Pelosso por arbitrariedad, para que de este modo el caso pueda ir a juicio ante un tribunal colegiado.

“Los fundamentos (de la jueza) son pobres, no son jurídicos y por eso apeló a expresiones como del tipo `bolsa de gatos`, que es irrespetuosa y demuestra la debilidad de sus argumentos”, planteó Vignaroli. Añadió que la audiencia de control de la acusación, “se desnaturalizó” y “se hizo un juicio por adelantado sin la prueba; porque la prueba se debe valorar en el juicio, no en esta etapa procesal”.

Según la teoría del caso formulada por el MPF, que contó con la adhesión de la Fiscalía de Estado que fue el organismo que presentó la denuncia, la maniobra configuró el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. “Vamos a probar durante el juicio que ese dinero fue destinado al pago de sueldos a más de 1.000 personas, sin respaldo contractual ni vinculación alguna”, sostuvo Vignaroli.

De acuerdo con el encuadre del MPF, los exministros omitieron los deberes a su cargo al autorizar desembolsos mensuales del programa estatal sin verificar los controles previos obligatorios -tales como planes de acción, padrones verificables de beneficiarios y acreditación efectiva de capacitaciones- y de ignorar dictámenes desfavorables emitidos por la Contaduría General de la Provincia.