Adulteró un certificado: la echaron y la denunciaron
La purga de ñoquis e incumplidores que implementó, ni bien comenzó la gestión, el gobierno de Rolando Figueroa goza de un consenso y respaldo pleno en la sociedad neuquina, que en verdad esperaba el fin de los privilegios. Mejor aún: ahora demostró que el asunto no termina con el despido, sino que éste viene acompaño de una denuncia, cuando existe la seria presunción de la comisión de un delito.
De hecho, hace apenas unos pocos días, el gobierno despidió a una portera que, según se afirmó al respecto, falsificó un certificado médico y dispuso que se la denuncie ante la Justicia. Lo que hizo el Ejecutivo fue convalidar la Resolución N 1522/2026 con la que el Consejo Provincial de Educación (CPE) le impuso la sanción de cesantía, a la ahora ex empleada Ángela Irene Herrera, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en la Escuela Primaria N 98 de Plottier.
En el documento oficial consta que el Ejecutivo también instruyó a que el CPE formalice la correspondiente denuncia penal, para que se investigue la autenticidad del certificado médico expedido el 14 de marzo de 2024.
El sumario administrativo se puso en marcha el 15 de agosto de ese año, luego de que un informe de la dirección general de Salud Ocupacional del CPE advirtiera sobre la existencia de las adulteraciones en cuestión. Lo que llamó la atención de los auditores fueron las “tachaduras” y la “falta de claridad” en los plazos de reposo.
Se indicó, además, que la médica que la atendió reconoció la autoría de su firma y la confección original del certificado, pero aclaró de manera categórica que la anotación que modificaba el plazo de reposo no pertenecía a su puño y letra ni constituía una modalidad válida de prescripción.
En la misma documentación de despido, el gobierno provincial neuquino recordó que los trabajadores tienen la obligación de “observar en el servicio y fuera de él conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su condición de agente de la administración pública exige”. Y concluyó que “la adulteración de instrumentos médicos no sólo atenta contra el régimen de asistencia, sino que constituye una inconducta fraudulenta incompatible con la permanencia en la administración pública, tornando imperativa la aplicación de una medida expulsiva que resguarde la moralidad y la disciplina general del servicio”.