Las dos grandes deudas que heredó y resolvió Figueroa
En tiempo récord -apenas dos años y fracción- el gobierno de Rolando Figueroa logró saldar buena parte de las dos herencias más pesadas que dejó la administración de Omar Gutiérrez: una deuda pública en dólares que asfixiaba la capacidad financiera de la provincia, y una deuda silenciosa, pero igual de grave, en infraestructura. Durante los años de Gutiérrez, Neuquén acumuló compromisos financieros mientras postergaba rutas, escuelas, hospitales, viviendas y obras esenciales para acompañar el crecimiento demográfico y productivo de la provincia. Figueroa trazó estrategias para resolver ese problema y los resultados están a la vista.
Los números del frente financiero son elocuentes. Al inicio de la actual gestión, en diciembre de 2023, el stock de deuda pública ascendía a 1.267 millones de dólares. Hoy, tras la cancelación del 43% de ese pasivo, la deuda vigente ronda los 717 millones. Además, la provincia logró cancelar la totalidad de las Letras del Tesoro emitidas en administraciones anteriores para financiar gastos corrientes, por un monto de 307 millones de dólares. Es decir, deuda tomada no para invertir ni para transformar, sino para pagar funcionamiento y salarios de un Estado que por aquel entonces estaba sobredimensionado y administrado con una llamativa falta de rigor.
La segunda herencia fue aún más visible para la ciudadanía: el atraso en infraestructura. Allí también hubo un cambio profundo de lógica. La actual gestión avanzó con la construcción y reparación de rutas estratégicas, levantó nuevas escuelas, amplió hospitales, reactivó planes de vivienda y fortaleció la seguridad pública con nuevos móviles, equipamiento y tecnología. A eso se sumó la apertura de líneas de crédito para emprendedores, comerciantes y jóvenes, una herramienta clave para dinamizar la economía real. La provincia no sólo reparó lo que faltaba: comenzó a construir condiciones concretas para su desarrollo futuro.
La diferencia con el modelo nacional resulta evidente. Mientras el gobierno de Javier Milei eligió alcanzar equilibrio fiscal mediante un ajuste directo sobre la población -con la paralización de la obra pública, el recorte de prestaciones a personas con discapacidad y la interrupción de planes habitacionales-, en Neuquén el camino fue otro. Aquí también hubo austeridad, pero aplicada sobre la política y sobre los privilegios: reducción de estructuras estatales, eliminación de gastos innecesarios, revisión de contratos abusivos y tolerancia cero sobre los ñoquis y el empleo público improductivo. En Neuquén el ahorro salió del ordenamiento, no del sufrimiento social.
Ese criterio permitió sostener e incluso potenciar la inversión pública en un contexto nacional recesivo. Mientras en buena parte del país se apagan motores productivos (hasta la mega metalúrgica Acindar está en problemas), Neuquén facilitó el desarrollo industrial, impulsó nuevas inversiones ligadas a Vaca Muerta, fortaleció la cadena de proveedores y generó puestos de trabajo en el sector privado.
La obra pública no fue vista como gasto, sino como palanca de crecimiento; y el acompañamiento al sector privado no fue un discurso, sino una política concreta para ampliar oportunidades. Hoy, los resultados validan ese rumbo. La generación de empleo, el movimiento económico, el crecimiento del consumo reflejado en indicadores como ventas en supermercados y otros rubros comerciales, y la consolidación de una provincia con mayor dinamismo económico muestran que había otro camino posible. Neuquén demostró que ordenar las cuentas públicas no exige desmantelar el Estado ni abandonar a la sociedad. Exige administrar mejor, invertir con inteligencia y entender que el equilibrio fiscal tiene valor cuando está al servicio del desarrollo y de la gente.