Estafa al municipio: los acusados zafaron de la cárcel

El pedido de los fiscales Fernando Fuentes y Víctor Salgado, para que dos de los cuatro acusados de defraudar (por más de 128 millones de pesos) a la Municipalidad de Andacollo cumplan prisión preventiva, fue rechazado por la jueza de garantías Alina Macedo Font y los presuntos delincuentes zafaron de la cárcel.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la acusación fue tanto contra los ex funcionarios públicos, Eduardo Argentino Zenteno (secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes) y Carlos Daniel Leiva (director de Redes); como contra dos comerciantes de la localidad, proveedores de la municipalidad a través de un corralón. Estos sujetos sólo fueron identificados por sus iniciales: K.C.V. y J.C.V. No obstante, se supo que el apellido de estos dos (padre e hijo) es Vásquez.

La maniobra delictiva fue denunciada por el propio intendente del pueblo, Manuel San Martín. Según confiaron fuentes de la investigación, los comerciantes son los dueños del corralón Ceferino y uno de ellos, el padre, no sólo fue jefe comunal de Guañacos, sino que, además, fue designado como funcionario municipal en Villa El Chocón ¿Cuál era la maniobra delictiva? La siguiente: presuntamente cobraban por las horas máquina que habían sido donadas a la Municipalidad de Andacollo.

No están presos

Al momento de resolver, la magistrada tuvo por formulados los cargos de manera inmediata, pero postergó la decisión sobre las medidas cautelares. Luego rechazó los pedidos de prisión preventiva pero sí hizo lugar al embargo y a la inhibición de bienes hasta cubrir el monto de las estafas. En función de eso dispuso el embargo de las cuentas bancarias de los ex funcionarios acusados, mientras que los otros dos imputados depositarán 130 millones de pesos en una cuenta judicial.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado que en el caso de los comerciantes se impusiera la prisión preventiva por un plazo de tres meses por existir dos riesgos procesales de no sometimiento al proceso y de entorpecimiento de la investigación. “Tienen solvencia económica como para evadirse del proceso, vínculos sociales como para influir en testigos y pueden interferir el proceso”, advirtieron los fiscales.

Respecto a las demás medidas cautelares que pidieron los fiscales, la jueza Macedo Font sólo prohibió a Zenteno, J.C.V y K.C.V, mantener comunicación vinculada con los hechos de la investigación, por 3 meses, con el intendente y con un grupo de personas que trabajan en la municipalidad. Rechazó la prisión preventiva para los comerciantes y otras medidas de coerción, como prohibiciones para salir de la provincia para los funcionarios.

En relación con Leiva, no consideró probado que exista riesgo para el proceso, por lo que no fijó ninguna medida de coerción. El fiscal del caso y la querella en representación del municipio solicitaron que un tribunal revise la decisión de la magistrada.