Un chanta: estafó con la venta (trucha) de una vivienda

El fiscal Juan Narváez formuló cargos contra un delincuente (al que identificaron por sus iniciales (J.N.F.V.) y al que acusó de haber defraudado económicamente a una persona con la construcción de una vivienda, en la ciudad de Neuquén.

Según la teoría del caso expuesta por el representante de la fiscalía de Delitos Económicos, la maniobra se inició a mediados de 2020. Fue cuando la víctima, que buscaba una empresa constructora para edificar su casa, tomó contacto con este malviviente a través de medios digitales. La empresa de construcciones estaba ubicada en Plottier.

El malandra se presentó como propietario de la constructora y, ostentando experiencia en el rubro, generó la confianza necesaria con el denunciante. Esto llevó a que el 18 de agosto de 2020 ambos firmaran un contrato. Dicho documento fue acordado por un monto total de 13.249.115 pesos, para la construcción de una vivienda de 428 metros cuadrados con un plazo de entrega de entre 6 y 8 meses.

Al día siguiente, la víctima realizó el primer pago en efectivo por 5.147.190 pesos, equivalente al 35% del valor del contrato, más un adicional de 595.000 pesos para la realización de la platea, tras lo cual se dio comienzo a la obra.

Después hizo otros pagos. Y ante la falta de avance y la incertidumbre, la víctima solicitó un informe de obra a una arquitecta, que determinó que el avance era del 28% contra el 44% que ya había abonado. Por este motivo se negó a realizar nuevos pagos.

La obra se frenó en marzo de 2021 y quedó abandonada. Luego, a través de redes sociales, el damnificado se enteró que el imputado tenía denuncias por otros casos similares y realizó la denuncia penal. El delito que el fiscal del caso le atribuyó a J.N.F.V., por el hecho detallado anteriormente, fue estafa en carácter de autor.

Durante la audiencia, el funcionario de la fiscalía de Delitos Económicos requirió que se le imponga al imputado la inhibición general de bienes por el plazo de 10 meses. Para ello, argumentó que es necesario cautelar el riesgo de insolvencia y fomentar una posible reparación económica a la víctima.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos y la medida cautelar requerida por Narváez y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.