Estafa planera: Soiza sigue preso, pero en su casa

Ricardo Soiza, quien ocupó el cargo de director de Planes durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez, seguirá detenido con prisión domiciliaria. Así lo dispuso el juez de garantías Luis Giorgetti a pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Narvaez.

Soiza es uno de los imputados como presuntos jefes de una asociación ilícita que perpetró estafas con la administración de planes provinciales de asistencia al desempleo. La causa, en la que ya hubo delincuentes que admitieron su culpa, fue elevada a juicio para el 21 de julio próximo.

Soiza, sindicado como jefe de esa banda de delincuentes (compuesta por ex funcionarios y particulares), estuvo en prisión preventiva desde julio de 2023, luego de las primeras formulaciones de cargos realizadas por la fiscalía. Desde ese momento, la medida cautelar fue confirmada en distintas oportunidades, siempre a partir de la necesidad de resguardar el proceso y evitar que influyera en otros imputados o testigos de los hechos que se investigan.

Luego, en una audiencia realizada en septiembre de 2024, su defensa pidió que se cambie la modalidad de cumplimiento a domiciliaria debido a cuestiones de salud y la jueza de garantías Carina Álvarez la concedió.

Ahora, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la extensión de la detención domiciliaria, que se encontraba próxima a vencer, por seis meses más. Argumentaron que siguen vigentes los mismos riesgos procesales y pidieron también que se mantenga la prohibición de contactar a otros involucrados en el caso por el mismo tiempo.

El juez Giorgetti avaló el pedido de las partes acusadoras de forma parcial: extendió la prisión domiciliaria, pero lo hizo por un plazo menor, de cuatro meses. En los mismos términos el magistrado extendió la prohibición de contacto con el resto de las personas imputadas o testigos.

La fiscalía investiga a un grupo de ex funcionarios, empleados y particulares, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. Es decir, se quedaban con dinero que estaba destinado a familias de escasos recursos.

Soiza, quien además de ser el dueño del restobar Faraón ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, era uno de los presuntos cabecillas, junto con los sujetos que se mencionan a continuación: Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. También están acusados otros dos que fueron funcionarios de Gutiérrez: el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.