Condenaron (sin prisión) a cinco de la banda de estafadores
Luego de que Ricardo Soiza (ex director de Planes Sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez) fuera beneficiado con la prisión domiciliaria, la jueza Carina Álvarez homologó cinco de los ocho acuerdos que impulsó la unidad fiscal de Delitos Económicos para imponer las primeras condenas por las estafas con planes sociales. Soiza fue procesado como uno de los cabecillas de la banda de ladrones.
Las cinco condenas son por 3 años de prisión condicional, es decir que no irán presos si cumplen reglas de conducta y trabajos comunitarios no remunerados. Los reos son ex empleados del ministerio de Desarrollo Social y particulares que cumplieron niveles de baja responsabilidad en la estafa. Pero no hay dudas de que los cinco son delincuentes. De hecho, los acuerdos fueron por la comisión del delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, en 9.303 hechos en concurso real.
Los malandras condenados son Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea. Aceptaron haber integrado la asociación ilícita con tareas como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados Néstor Pablo Sanz o Marcos Ariel Osuna, quienes lo rendían a Soiza. Sólo uno de estos imputados desplegó otro tipo de conducta, al haber cobrado el alquiler de autos por fuera de lo que indica la ley de administración financiera y mediante cheques que se nutrían del dinero destinado al subsidio por desempleo.
La teoría del caso de la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo de la gestión anterior, a quienes les imputan haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. Los fiscales ubicaron como jefes de la banda de ladrones a Soiza, Sanz y Osuna, quienes tenían cargos en el ministerio de Desarrollo Social.
A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización criminal a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.