Estafa con planes sociales: Soiza go home
Por pedido de la defensa, uno de los imputados como jefes de una asociación ilícita que realizó estafas con la distribución de planes sociales, el ex funcionario Ricardo Soiza, llegará al juicio detenido, pero en su domicilio ¡Soiza go home! (a casa) En efecto, el ex director de Planes Sociales del gobierno de Omar Gutiérrez, y dueño del restaurante Faraón, ya no está a la sombra. Se fue a su casa, pese a la estafa multimillonaria que perpetró contra la Provincia y contra la sociedad neuquina en su conjunto.
Soiza estuvo en prisión preventiva desde julio de 2023, luego de las primeras formulaciones de cargos realizadas por la fiscalía. Desde ese momento, la medida cautelar fue confirmada en distintas oportunidades, siempre a partir de la necesidad de resguardar el proceso y evitar que el reo influyera en otros imputados o testigos de los delitos que se investigan.
Ahora, la jueza Carina Álvarez tomó los argumentos de la defensa y lo benefició con la detención domiciliaria debido a cuestiones relativas a su salud. El fiscal jefe Pablo Vignaroli había pedido mantener la prisión preventiva, a partir de que distintos informes que solicitó la fiscalía indicaron que los cuidados o tratamientos médicos que requiere el imputado podían ser suministrados en la comisaría en la que estaba alojado.
La fiscalía investiga a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita (banda de delincuentes) dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. El dinero que estaba destinado a familias económicamente carenciadas, terminó en manos de sujetos inescrupulosos.
En su esquema de acusación, la fiscalía determinó distintos niveles de responsabilidad. Soiza y otros dos delincuentes: Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización; y Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas fueron señalados como cabecillas de la banda de hampones. Todos eran empleados del entonces ministerio de Desarrollo Social. En ese rol de “jefes” de la organización delictiva hay otros dos funcionarios: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Entre estos malandras hay quienes disfrutaron de una vida de lujos; y la Justicia intenta determinar si fue a partir del fraude o de los ingresos salariales que tenían en la gestión anterior.