Figueroa le echó flit a un corrupto pretencioso
La política de tolerancia cero frente a la corrupción volvió a marcar un precedente en Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa rechazó de manera definitiva el reclamo administrativo presentado por Tomás Siegenthaler, ex coordinador de Administración del entonces Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Omar Gutiérrez.
Este sujeto, al que acaban de echarle flit, fue exonerado (por Figueroa) y condenado por la Justicia en la causa conocida como los planes sociales. En la provincia, el mensaje es claro: quien comete delitos contra el Estado debe responder por sus actos.
Siegenthaler integró la banda delictiva de ex funcionarios condenados por desviar fondos públicos que estaban destinados a familias en situación de vulnerabilidad. Junto al ex ministro Abel Di Luca y al ex director de Planes Sociales Ricardo Soiza, recibió una condena de cinco años de prisión efectiva por el fraude que perpetraron entre 2020 y 2022, cuando esos recursos nunca llegaron a quienes realmente los necesitaban. El gobernador era Gutiérrez y los estafadores planeros se paseaban como si tal cosa por los pasillos de los edificios públicos.
Pese a esa condena y a su exoneración, el exfuncionario insistió hasta último momento con un planteo administrativo para que le levantaran la suspensión preventiva, lo reincorporaran a su cargo y le abonaran los salarios retenidos, los aportes previsionales, intereses e incluso los conceptos derivados de su desvinculación. Mantuvo, entonces, un reclamo que resulta difícil de justificar cuando quien lo formula fue hallado responsable de haber defraudado al propio Estado al que pretendía reclamarle dinero.
El expediente recorrió todas las instancias administrativas y ahora fue rechazado. Finalmente, Figueroa desestimó el recurso al señalar que la suspensión preventiva quedó superada por la exoneración definitiva, la sanción disciplinaria más grave prevista para un agente público, aplicada luego de comprobarse su responsabilidad penal y administrativa.
La resolución también remarca que acceder al pedido habría significado un resultado jurídicamente irrazonable, ya que implicaría pagar íntegramente haberes retenidos a un agente cuya conducta provocó un grave perjuicio al patrimonio provincial y afectó fondos destinados a asistir a personas vulnerables. La decisión vuelve a reforzar una premisa que la actual gestión busca instalar desde el inicio: en Neuquén, quien las hace, las paga.