Fin de los privilegios, también para los violentos
La cesantía de Carlos Roberto Cides, agente de planta permanente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, marca otro capítulo de una transformación que el gobierno de Rolando Figueroa decidió encarar desde el primer día: ordenar el Estado, terminar con los privilegios y aplicar tolerancia cero frente a conductas incompatibles con la función pública. No se trata sólo de ajustar números o reorganizar estructuras; se trata de establecer reglas claras y hacerlas cumplir, sin importar nombres, cargos ni antigüedad.
El caso es especialmente grave. Una investigación administrativa acreditó que Cides sostuvo durante meses una conducta sistemática de violencia laboral, con amenazas contra la vida e integridad física de compañeros y superiores, agresiones verbales reiteradas, insultos, descalificaciones, acusaciones infundadas y una actitud persistente de desobediencia frente a las órdenes impartidas por la cadena jerárquica. Seis testimonios presenciales coincidieron en describir un clima de intimidación que llegó al punto de alterar rutinas laborales por temor a nuevas agresiones.
La contundencia probatoria fue acompañada por un informe técnico igual de categórico. La Oficina de Intervención en Violencia Laboral -con equipos especializados en psiquiatría, psicología, trabajo social, derecho y recursos humanos- calificó al ahora ex agente como un caso de “alto riesgo”, advirtiendo sobre la ausencia de reflexión sobre sus actos, la falta de reconocimiento de sus conductas y una preocupante autovalidación de expresiones hostiles hacia su entorno. Frente a semejante cuadro, la Junta de Disciplina concluyó que no había margen para sanciones menores: correspondía la separación definitiva del Estado.
En otro tiempo, un expediente de estas características probablemente habría quedado empantanado entre demoras burocráticas, complicidades silenciosas o la vieja costumbre de mirar hacia otro lado. Esa fue durante años una de las enfermedades de la administración pública: tolerar lo intolerable. Pero Neuquén decidió cambiar. La reducción de la planta política, la eliminación de jubilaciones de privilegio, la revisión de contratos irregulares y la desvinculación de agentes que cobraban sin cumplir funciones forman parte de una misma lógica de saneamiento institucional.
Ese orden administrativo también explica buena parte del presente neuquino. El crecimiento de la provincia no responde únicamente al impulso económico de Vaca Muerta y a las políticas provinciales que permitieron potenciar su desarrollo. También obedece a una administración más eficiente de los recursos públicos, con mayor disciplina fiscal, control del gasto y una decisión política concreta de cuidar cada peso que pertenece a la comunidad. Un Estado ordenado no sólo recauda mejor: administra mejor, invierte mejor y genera mejores condiciones para crecer.
La reciente expulsión del tal Cides debe leerse en esa clave. No es un hecho aislado ni una medida ejemplificadora circunstancial. Es la confirmación de un criterio: en la administración pública neuquina ya no hay espacio para ñoquis, para indisciplinados ni para quienes convierten el ámbito laboral en un territorio de amenazas, agravios y violencia. Tolerancia cero significa exactamente eso: que caiga quien caiga, le toque a quien le toque, el Estado deja de proteger a los indeseables para empezar a proteger a quienes sí trabajan, cumplen y sostienen el funcionamiento de lo público.