2026-02-04

Se complica la situación de la chorra del Registro Civil

El asistente letrado Facundo Bernat reformuló los cargos contra una empleada del Registro Civil acusada por haber realizado un cobro indebido a una pareja para la realización de un casamiento y por haber consignado datos falsos en el acta matrimonial. Lamentablemente el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén no difundió el nombre de esta descarada delincuente

Al exponer la reformulación, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que se mantuvieron los hechos y los delitos originalmente atribuidos, pero que la acusación fue modificada al incorporar agravantes -entre ellos el agravamiento de la imputación por falsedad ideológica- y nuevas consecuencias económicas vinculadas a la conducta investigada.

En relación con el primer hecho, la fiscalía ratificó la imputación por un presunto cobro ilegal ocurrido el 6 de enero de 2025, cuando la mujer -en su carácter de oficial pública- habría requerido el pago de $90 mil bajo el argumento de que el sellado abonado no correspondía al trámite de matrimonio. La suma fue transferida a una cuenta personal de la imputada.

Respecto del segundo hecho, Bernat sostuvo que la acusada incurrió en falsedad ideológica agravada, al tratarse de una conducta atribuida a una funcionaria pública que actuó con abuso de sus funciones: el delito se configuró al confeccionar el acta del matrimonio, omitir que la ceremonia se realizó a domicilio y no consignar los testigos exigidos por la normativa vigente. En esta instancia, la fiscalía agregó que esas irregularidades no solo implicaron una falsedad documental, sino también un perjuicio patrimonial al Estado, por el no pago de la tasa correspondiente al casamiento a domicilio, además de haber obligado a los contrayentes a rectificar la documentación.

El asistente letrado encuadró los hechos en los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora.

Finalmente, Bernat solicitó una prórroga del plazo de investigación por tres meses, pedido al que el juez de garantías Juan Guaita hizo lugar, al igual que a la reformulación de los cargos.

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