Ya está la sentencia completa, pero se esperan penas más severas
Mientras la sociedad neuquina espera que un tribunal superior endurezca las penas contra los sujetos acusados de perpetrar una estafa con el manejo de planes sociales (durante el gobierno de Omar Gutiérrez), el tribunal de primera instancia difundió la sentencia definitiva que básicamente refuerza lo que ya se sabía (y se espera agravar).
El escrito, de 106 páginas, contiene el fallo que dictaron los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Mansilla, quienes no sólo confirmaron las condenas, sino que además endilgaron responsabilidades a los entonces referentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Los jueces señalaron que “la maniobra tuvo como finalidad financiar ilegalmente al partido político Movimiento Popular Neuquino, comprometiendo de este modo el sistema electoral, base de la forma republicana de gobierno”.
Los condenados por la estafa multimillonaria con planes sociales (es decir, por robar fondos que jamás llegaron a las familias carenciadas) son ex funcionarios provinciales que, entre 2020 y 2022 (ese es sólo el período investigado) se organizaron y distribuyeron sus roles para usar tarjetas de los beneficiarios y llegar hasta la sustracción del dinero. Aun así, para los jueces no hubo asociación ilícita.
La doctrina y la jurisprudencia dominantes, establecen que la asociación ilícita se configura con el acuerdo entre sujetos que se organizan para cometer delitos. Tal como ocurrió en este caso, pero no se aplicó y es por eso que habrá apelaciones. Si se aplica, aumentarán los años de condena.
Cabe recordar que la pena más grave de la figura por la que optaron los jueves (la de administración fraudulenta) fue de cinco años y recayó sobre quienes fueron juzgados como cabecillas; es decir, el ex director de Planes, Ricardo Soiza (dueño del restaurante céntrico Faraón que ahora cambió de nombre); el ex coordinador, Tomás Siegenthaler y el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca.
Si los magistrados los hubiesen juzgado por asociación ilícita la pena podría ser de hasta diez años, pero en fin eligieron la figura más amigable para los rufianes; es por eso que tanto los fiscales del fuero penal como la Fiscalía de Estado ya anunciaron que apelarán e irán en busca de la condena más severa.