Piden seis años de prisión para los estafadores planeros
Las vísperas de Navidad y Año Nuevo comenzaron complicadas para los ex funcionarios del ex gobernador Omar Gutiérrez, que están en el banquillo acusados de haber perpetrado un fraude multimillonario contra la provincia de Neuquén, a partir del manejo fraudulento de fondos que estaban destinados a familias de bajos recursos económicos, a las que jamás les llegó. Son los integrantes de la banda de estafadores planeros (ya que se robaron planes sociales).
Este miércoles, la fiscalía solicitó penas de seis años de prisión para el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el ex coordinador provincial de Administración, Tomás Siegenthaler y el ex director de Planes, Ricardo Soiza (dueño de un restaurante céntrico que se llamaba Faraón y al que ahora le cambiaron el nombre).
Para otro de los reos, un sujeto que se desempeñaba como director de Finanzas y que fue identificado como Luis Gallo, la fiscalía pidió 5 años y seis meses; mientras que para el delincuente Pablo Sanz pidió la misma pena. En medio de la audiencia, Gallo no soportó la presión y rompió en llantos. Para otra de las integrantes de esta banda mixta (de funcionarios y particulares), Laura Resnik, (que supo ser directora de Finanzas) pidió 5 años, lo mismo que para Julieta Oviedo quien fue directora de Tesorería.
Para otros de los investigados pidieron las siguientes penas: Marcos Osuna, 4 años y ocho meses, Alfredo Cury, 4 años e igual pena para Isabel Montoya. Por último, Valeria Honorio, 3 años y ocho meses, y Emanuel Victoria Contreras, 3 años y seis meses.
Los pedidos fueron realizados por el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, en la última audiencia del juicio de determinación de la pena. El fiscal afirmó que, dada la prueba producida y la decisión del tribunal, se está ante “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”.
Además, el fiscal jefe solicitó la inhabilitación especial perpetua para asumir cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso para todos los condenados, como así también el decomiso de bienes registrales.
La maniobra defraudatoria, que consistió en la administración y cobro indebido de asignaciones sociales, se cometió entre septiembre de 2020 y julio de 2022, afectando al erario público por un monto histórico de 153.377.900 pesos.
Hoy será el turno de las defensas y luego, el tribunal se tomará el plazo ordinario para comunicar su decisión final, la cual deberá moverse en el rango establecido por los pedidos de la fiscalía (penas de cumplimiento efectivo) y las solicitudes que realicen las defensas, posiblemente condenas de ejecución condicional.