Van por un castigo más severo contra los estafadores planeros
La Fiscalía de Estado de la provincia de Neuquén adelantó que apelará el fallo que condenó a 12 sujetos por la mega estafa con planes sociales, perpetrada durante el gobierno de Omar Gutiérrez. El tribunal los condenó por administración fraudulenta agravada, pero la fiscalía provincial insistirá con la figura de asociación ilícita, que contempla penas más severas debido a que se trata de un delito más grave. La mayoría de los delincuentes son ex funcionarios de aquella gestión.
Con la calificación actual, los condenados podrían recibir entre 2 y 6 años de prisión. Mientras que, de haberse aceptado la figura más grave, las sanciones habrían ido de 4 a 10 años.
La fiscalía de Estado entendió que si bien el tribunal de juicio “sustentó su decisión en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han perfilado un criterio restrictivo en la materia, entendemos que en este caso se acreditaron los presupuestos del artículo 210 del Código Penal (la asociación ilícita), en particular la existencia de planes plurales de carácter delictivo, que exceden una única maniobra de fraude”.
El fallo
Hace apenas un par de días, por unanimidad, los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees consideraron probado que 12 de las 14 personas llevadas a juicio cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial neuquino. Básicamente robaron los fondos públicos que estaban desinados a familias de bajos recursos económicos, a las que jamás les llegó la ayuda.
El tribunal declaró la responsabilidad por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública (45 173 inciso 7; 174 inciso 5 del CP). En carácter de coautores: Orlando Abel Di Luca, Tomás Siengentharler, Ricardo Nicolás Soiza, Luis María Gallo, Laura Carolina Reznik Mastronardi, Julieta Mariana Oviedo y Néstor Pablo Sanz. Como partícipes primarios: Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya, Marcos Ariel Osuna, Emanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Curi.
Las maniobras defraudatorias que se probaron en el juicio se desarrollaron entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, por un monto histórico de $153.377.900, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.