Estafadores planeros: son 12 los culpables

La Justicia neuquina declaró a 12 sujetos culpables de defraudación al Estado provincial neuquino, pero los absolvió de asociación ilícita, delito que no pudo probar. Son los culpables de la mega estafa con el manejo fraudulento de planes sociales, perpetrada durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez.

En apretado resumen, los ex funcionarios del Estado desviaron el dinero que estaba destinado a familias económicamente vulnerables, a las que jamás les llegó la ayuda ¿A dónde fue a parar el dinero? Se dio por probado que a sus bolsillos.

Los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita declararon culpables a -como coautores- tanto al ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y al ex director de Planes, Ricardo Soiza, como así también a los siguientes malandras: Tomás Siegenthaler, Laura Reznik, Luis María Gallo, Julieta Oviedo y Pablo Sanz. Mientras que Isabel Montoya, Valeria Honorio, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury fueron declarados partícipes necesarios.

Las penas que deberán purgar se conocerán en una sentencia escrita, que será entregada en los siguientes 20 días hábiles, tal como establece el Código Procesal.

La Justicia dio por probada la existencia de una maniobra delictiva y sistemática en el ministerio de Desarrollo Social entre septiembre de 2020 a julio de 2022. El juez Guaita afirmó que distintos funcionarios, incluido el ministro, estaban involucrados en una maniobra que buscaba defraudar a la administración pública y que generó un gran perjuicio a las arcas provinciales.

En cuanto a los fines del dinero, aclaró que los partícipes de la maniobra usaron los fondos para gastos propios que sostenían la estructura de la organización delictiva. “Se pagaban servicios de seguridad, alquiler de vehículos para los funcionarios, también cobertura legal para punteros del MPN y gastos de consumo del local comercial El Faraón” (restaurante céntrico que es propiedad de Soiza), dijo.

En segundo lugar, se notó el desvío de dinero a gastos personales o engrosar el patrimonio de los implicados. En tercer término, el dinero se destinó a una finalidad de “clientelismo político sostenido con fondos públicos, lo que evidencia la gravedad institucional de la maniobra”.