Despido y reclamo de fondos a un empleado público

La administración provincial neuquina volvió a enviar un mensaje claro: el cuidado de los recursos estatales no admite excepciones. En este caso, la sanción recayó sobre un agente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten), que fue cesanteado tras comprobarse el abandono de cargo. Según consta en documentación oficial, el trabajador, identificado como Agustín Aitor Bucarey, no se presentó a cumplir funciones entre el 8 de julio y el 10 de agosto de 2023, período en el cual supuestamente percibió haberes sin prestar servicio.

El sumario administrativo acreditó que el agente estuvo bajo tratamiento médico hasta el 7 de julio, fecha en que recibió el alta. Sin embargo, lejos de retomar su puesto, extendió de manera injustificada su ausencia. Esa conducta derivó en la sanción máxima de cesantía, al tiempo que se instruyó al organismo a gestionar la devolución de los salarios cobrados en forma indebida. El principio es claro: no hay espacio para el enriquecimiento sin causa en perjuicio de la Provincia.

La decisión del gobierno de Rolando Figueroa se enmarca en una política de control más estricto sobre la planta estatal. La premisa es que cada peso que sale del erario debe estar respaldado por una contraprestación real, y que las irregularidades no sólo afectan al funcionamiento de las instituciones, sino que constituyen un daño directo a los contribuyentes que sostienen con sus impuestos el aparato estatal.

El caso de Bucarey, como muchísimos otros que se han registrado en distintas dependencias, exhibe un cambio en la gestión: se aceleraron expedientes demorados por la administración anterior y se reforzaron los mecanismos de auditoría interna. De esta forma, se busca garantizar que las normas laborales se cumplan y que la función pública recupere la seriedad que demanda.

La recuperación de fondos también es parte del objetivo. No se trata únicamente de sancionar al infractor, sino de proteger al Estado de pérdidas económicas indebidas. Si el dinero no puede ser reintegrado en forma administrativa, la Fiscalía de Estado interviene para llevar el reclamo al terreno judicial. Se trata de una defensa firme de los recursos que el gobierno invierte, por ejemplo, en Seguridad, Educación y Salud. Y de aplicación de la llamada tolerancia cero.