Mapuches quedaron al borde de la condena judicial

El fiscal Adrián de Lillo le pidió al juez Eduardo Egea que declare responsables a dos integrantes de una comunidad mapuche, que fueron juzgados por haber restringido la posesión de un inmueble ubicado en Villa La Angostura a sus propietarios.

Los acusados, una mujer y un hombre que fueron identificados por sus iniciales (J.D.C. y D.A.O.) habían ingresado de forma ilegal a un terreno e impedían el ingreso de sus verdaderos dueños.

Los investigadores dieron por acreditado que, cerca de las 17:00 del 3 de febrero de 2024, un grupo de profesionales se encontraba en el lugar por encargo de los propietarios, para realizar tareas de “replanteo” en un sector del terreno en donde se planificó la construcción de un centro de educación ecuestre terapéutico.

Según plantearon desde la acusación -el fiscal De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya- mientras los profesionales colocaban estacas y cintas demarcatorias, se acercó un grupo de mujeres y varones integrantes de una comunidad mapuche. En particular, se identificó al acusado y a la acusada, quienes comenzaron a ejecutar actos intimidatorios, para luego retirar las estacas y cintas.

Además, la fiscalía le imputó a D.A.O. haber intentado sustraer el celular con el que uno de los profesionales filmó lo ocurrido, no pudiendo concretarlo debido a que la víctima forcejeó y logró recuperar el dispositivo.

“Hemos probado que ambos acusados turbaron la posesión del predio, en el sector que se había elegido la concreción del proyecto del centro de educación ecuestre, mediante actos de violencia y amenazas”, afirmó De Lillo.

La querella particular en representación directa de las víctimas adhirió al pedido de la fiscalía y pidió que se investigue, en un nuevo proceso, el delito de falso testimonio respecto de una testigo que declaró en el juicio. La defensa, por su parte, se pronunció en función de una declaración de una absolución. El veredicto será comunicado el próximo lunes.