Los estafadores planeros están a un paso del juicio

El fiscal de Delitos Económicos Juan Narvaez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron, este martes, el pase a etapa de juicio de la causa en la que se investiga una mega estafa a la provincia de Neuquén perpetrada con el manejo delictivo de planes sociales, durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

Entre los imputados a los que sentarán en el banquillo hay ex funcionarios de alto rango, empleados del ex ministerio de Desarrollo Social y particulares, que integraron una banda delictiva -en términos procesales, una asociación ilícita- que se quedó con recursos que estaban destinados a familias de bajos recursos económicos a las que jamás llegaron.

Como cabecillas de esa organización clandestina, los investigadores ubicaron a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el ex ministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el ex coordinador de Administración de esa cartera.

Si bien la audiencia no terminó y la jueza Carina Álvarez dispuso un cuarto intermedio para continuar mañana, miércoles, el fiscal jefe y el fiscal del caso, junto a las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, presentaron la acusación contra 17 imputados e imputadas, con el accionar preciso que le atribuyeron a cada persona acusada para cometer un total de 9.303 estafas.

Vignaroli afirmó que, de acuerdo con la información con la que cuenta la fiscalía y que está en condiciones de llevar al juicio, la asociación funcionó entre 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022.  Estaba integrada por funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y por particulares que colaboraban en la maniobra a cambio de un beneficio económico. La asociación ilícita reflejó una estructura piramidal con jefes que impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero con tarjetas de débito.

Tras precisar la maniobra mediante la cual, en el período indicado, la organización se apropió de $153.377.900, con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, el fiscal Narvaez precisó que en audiencias previas se acordaron cinco condenas a prisión condicional y que hay otros dos casos que resta resolver.

Luego indicó que respecto de los imputados y las imputadas incluidas en la acusación, adelantó que la fiscalía, en caso de recaer declaraciones de responsabilidad, solicitará penas superiores a los 3 años de prisión efectiva, y pidió a la jueza que disponga que el juicio esté a cargo de un tribunal colegiado.