Neuquén: los antecedentes del juez que defiende a los presos

Hacia fines de enero último se conoció un caso que llamó bastante la atención -en realidad, indignó- pero que ahora tiene explicación. Durante una audiencia, el asistente letrado de la fiscalía, Luciano Vidal pidió que un malandra (identificado como L.N.C.) que tiene frondosos antecedentes y que acababa de reincidir quedara preso. Pero muy a pesar del peligro que representa para la sociedad, el juez de garantías Juan Manuel Kees lo mandó a su casa, con domiciliaria.

Kees es el mismo que ahora, durante la semana, le prohibió al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, que ingrese más condenados a las comisarías de la ciudad de Neuquén, medida que favorece a los delincuentes y perjudica a los vecinos.

El juez argumentó su decisión en la supuesta superpoblación carcelaria y recibió múltiples rechazos. Uno de ellos, el del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, quien adelantó que pedirá la revisión de esa medida. Y otro, el del diputado provincial por el PRO, Marcelo Bermúdez, quien incluso planteó la posibilidad de llevarlo a juicio político. “Hoy los neuquinos nos levantamos más inseguros que ayer” y con el riesgo de que delincuentes de otras provincias vengan a Neuquén, lamentó.

Kees tiene antecedentes como defensor de presos, reos y delincuentes. De hecho, era abogado de Zainuco, una organización destinada a custodiar los derechos de quienes se encuentran tras las rejas. El 11 de enero de 2003, cuando hubo un motín en la Unidad 11 (U 11) de Neuquén defendió a los violentos que se amotinaron y tomaron de rehén a un guardia cárcel, al que amenazaron con facas (armas de fabricación casera pero potencialmente letales).

Ahora, devenido en juez, prohibió que encierren a más delincuentes y puso plazo hasta el 4 de marzo. Lo hizo a partir del hábeas corpus colectivo que planteó el Ministerio Público de la Defensa, que conduce Vanina Merlo. Merlo fue ministra de Seguridad de Omar Gutiérrez, en cuyo gobierno no se invirtió en la construcción de cárceles ni en patrulleros. La gestión actual lo hace, pero es cuestionada por el juez pro presos y por la ex funcionaria que, cuando pudo, no se ocupó de solucionar los problemas.

Kees consideró, ahora, que las detenciones en las comisarías de Neuquén representan un “trato cruel, inhumano y degradante”. Y agregó que las condiciones de encierro “afectan la dignidad, la salud, y el derecho a la educación y al trabajo de los detenidos”.

Nada dijo sobre los daños que los delincuentes, malandras, hampones y malvivientes que protege con sus acciones, les han causado a sus víctimas, ciudadanos neuquinos que han sufrido lesiones o que han sido despojados de elementos de costosa reposición.