2024-08-20

Estafa a la provincia: frustrado cumpleaños del preso Soiza

Por pedido de la fiscalía, un tribunal de impugnación resolvió que el ex funcionario provincial (y dueño del restaurante Faraón), Ricardo Soiza continúe en prisión preventiva, más allá de haber alcanzado los 70 años de edad.

Tal como lo plantearon el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez en la audiencia, el tribunal consideró que el artículo del Código Procesal Penal que establece las condiciones para evitar la prisión preventiva, no se aplica de manera automática. “Corresponde a los jueces analizar en cada caso el cese de una prisión preventiva o de un encarcelamiento por el hecho de cumplir los 70 años”, indicaron.

La audiencia se realizó -en la ciudad de Neuquén- luego de que la defensa de Soiza, imputado en la causa que investiga a una asociación ilícita que realizó estafas con el otorgamiento y la gestión de planes sociales del Estado provincial neuquino solicitara su liberación inmediata. Las estafas se perpetraron durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

Soiza (quien seguirá a la sombra) fue director de Planes Sociales del ministerio de Desarrollo Social de la provincia y está acusado como presunto jefe de una banda de presuntos delincuentes que utilizó herramientas propias de la cobertura social para defraudar al Estado. Permanece en prisión preventiva desde julio de 2023 y es una de las personas a quienes, como jefes o partícipes, la fiscalía les imputa el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito.

En audiencias previas, la jueza de garantías Estefanía Sauli y, luego, un tribunal de revisión, coincidieron con los representantes del Ministerio Público Fiscal en que el artículo plantea la opción, pero que los casos deben analizarse de acuerdo a la situación particular y, principalmente, a la existencia o no de los riesgos procesales. Ese criterio adoptó ahora el tribunal de impugnación, integrado por los jueces Andrés Repetto y Nazareno Eulogio y por la jueza Patricia Lupica Cristo. También rechazaron un planteo de la defensa referido a una serie de embargos patrimoniales, que se mantendrán vigentes.

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